Un Gobierno de cárcel

Los dirigentes políticos gozan de un estatus cercano a la impunidad, con unas reglas propias, distintas a las del gentío, que simbolizan tipos como Zapatero: mientras a un autónomo le cruje Hacienda con recargos infumables, multas salvajes, listas de morosidad infames y una presión fiscal feudal; a un presidente del Gobierno que dispara y esconde el déficit o engorda la deuda pública hasta poner en riesgo el estado de bienestar futuro, le dan homenajes, le pagan un sueldo perpetuo, le ponen coche, chófer y secretaria y le dejan dar conferencias por medio mundo.

Si debes un millón, tienes un problema. Pero si debes mil millones, el problema lo tiene el banco. O España, si el deudor es un presidente con la misma destreza en la gestión de los recursos públicos que un mono beodo con una escopeta.

Por alguna extraña razón, lo que en el mundo real merece el repudio, cuando no la sanción o la condena incluso, en el político se incluye en el saco de las decisiones legítimas, hasta el punto de utilizarse incluso como reclamo electoral o prueba de unos valores excelsos.

Las cheerleaders de Zapatero, que corretean con pompones por la banda gritando su nombre, se atreven a presentarlo como «campeón social», pese a que nadie hasta Sánchez había hipotecado tanto el futuro de tantas generaciones por su suicida política de despilfarro y confiscación: la deuda es al estado de bienestar lo que el CO2 al ecosistema, y nadie como ellos la han elevado hasta límites tan insostenibles.

El primo de ZP, que debería acabar junto a él investigado en un juzgado y en el Parlamento y no pensionado con medallas al mérito de por vida, va camino de batirle: tiene las peores cifras en paro, deuda, déficit e impuestos de Europa, pero va por la vida pavoneándose como si su prodigiosa mente maravillosa e incomprendida fuera objeto potencial de observación por la ciencia.

En esa impunidad abyecta, que no le dan a la cajera de un híper de barrio si se le descuadran tres euros al final del día, hay que ubicar también los abusos perpetrados por Sánchez y Tezanos en el CIS, salidos de la táctica goebeliana de inducir el voto presentando a un pato cojo como un cisne majestuoso.

Los clásicos lo llaman el «Efecto Pigmalión», y consiste en insistir en una profecía falsa para intentar convertirla en cierta, desde la premisa de que el ciudadano medio tiende a ponerse detrás del comandante en una guerra o del ganador más verosímil en unas elecciones.

Tezanos no es solo un apellido, es también el sistema métrico para medir el sanchismo, que okupa, conquista y manipula hasta el último reducto del Estado para ponerlo a sus órdenes y obligarle a fabricar sus mentiras.

Lo hace el Centro de Intoxicaciones Sanchistas, que pide a gritos un proceso judicial y una auditoría; pero lo hacen también el Tribunal Constitucional, RTVE, la Fiscalía General del Estado y el Congreso, encabezado por una mayordoma con título oficial de presidenta que se dedica a afinar pucherazos, como el de la reforma laboral, o a proteger al Tito Berni para que no dañe demasiado a su patrón.

Feijóo se ha comprometido, con 72 medidas, a regenerar la sentina en que ha convertido Sánchez la democracia, plagada de Comités de Expertos falsos como el de la pandemia y de militantes sin escrúpulos al servicio de su amo. Pero con eso no bastará: la magnitud del desperfecto no se arregla solo con reformas y limpieza. Necesita también que alguien se siente en el banquillo y, si es oportuno, vaya a la cárcel y pague indemnizaciones de su bolsillo. Como cualquier ciudadano, por atracos bastante más leves.