El Día D: o España o la No España

Cualquiera que esté casado con una donostiarra sabe que cuando ella le dice, en tono aparentemente calmo, «tú veras», en realidad está recibiendo una admonición de primer orden. Pues bien, a la entrada de los colegios electorales de España debería flotar hoy un invisible letrero con el «tú verás», porque estas elecciones no son unos comicios más.

Llegó el día D y lo que está en juego puede resumirse fácilmente: o España o la No España. Una opción que defiende la unidad del país y el orden constitucional frente a otra que no puede completar una mayoría de gobierno sin pasar por la caja de los partidos separatistas (y el precio esta vez sería aflojar los hilvanes de la nación española de manera casi irreversible).

El problema territorial de España se ha agravado porque a este país le ha fallado clamorosamente su pierna zurda. A diferencia de sus pares del resto del mundo, la izquierda española ha renunciado al más elemental patriotismo, porque en su día confundieron Franco con España y desde entonces siguen arrastrando esa empanada conceptual. Se avergüenzan de su bandera, su himno y su historia. Prefieren la coyunda política con partidos separatistas antes que con formaciones españolas de derechas. Ayuntamientos, diputaciones, comunidades… el PSOE elige por sistema formar gobiernos con los nacionalistas antiespañoles, incluso cuando se trata de partidos de derecha burguesa, como el PNV o lo que fuera Convergencia. En la pasada campaña, la enfermedad del PSOE pudo observarse de manera muy gráfica: el lema «España avanza», que engalanaba los mítines de Sánchez, desaparecía por ensalmo cuando el candidato visitaba el País Vasco y Cataluña, y tampoco quedaba rastro en los carteles del idioma español.

En los albores de la Transición, nuestra izquierda todavía jaleaba que se pudiese partir España y convertirla en pequeñas taifas. En 1975, el programa del PCE advertía: «La democracia política y social reconocerá el carácter multinacional del Estado español y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, Euskadi y Galicia, garantizando el ejercicio efectivo del tal derecho por esos pueblos». Es lo mismo que hoy propugna Yolanda Díaz bajo una amable careta de risas forzadas y peluquería onerosa.

Por su parte, el PSOE defendió el «derecho de autodeterminación» –es decir, la independencia de las regiones– hasta fecha tan tardía como 1976. La aproximación de González al hecho nacional puede contemplarse en realidad como un paréntesis excepcional en lo que ha sido la trayectoria del PSOE en relación al problema territorial. Con Zapatero y Sánchez no han hecho más que volver por la peligrosa ruta que ha marcado la mayor parte de la historia de ese partido.

Sánchez es ante todo un aventurero. Su único ideario real es su ombligo. Si las cuentas le saliesen de otra manera podría presentarse sin despeinarse como el más recio defensor del orden constitucional y la unidad de España. Pero su amoralidad táctica hace que sea también capaz de hacer exactamente lo contrario, que se preste a vender a España por un plato de lentejas, como ya ha demostrado. Con tal de apurar un tiempo más en la Moncloa le da igual permitir que los separatistas catalanes y vascos «sigan avanzando», como se dice eufemísticamente.

El pago a los separatistas ya ha sido enorme: indulto de los golpistas de 2017 contra el criterio del Supremo y la mayoría social; liberación de facto de los asesinos de ETA mediante la añagaza de darle la llave de las prisiones al PNV, el partido del árbol y las nueces; reforma delirante del Código Penal al dictado de los sediciosos catalanes (dejando al Estado indefenso si se repite un desafío como el de hace siete años); y mesa bilateral con Cataluña y prima enorme de dinero para ella, prácticas discriminatorias para con el resto de las comunidades.

En la próxima legislatura el precio sería todavía más alto: las «consultas de claridad», pomposo eufemismo para sendos referendos de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco. Los carceleros políticos de Sánchez, que son Junqueras y Otegi, incluso han detallado durante esta campaña electoral que ambas consultas se celebrarían a la par. La treta consistiría en empaquetarlas en una envoltura digerible por las amplias tragaderas del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido. También se podrían aceptar reformas de estatutos de autonomía que conviertan en última instancia judicial a los tribunales regionales. Con esa estratagema, la justicia del Estado quedaría de facto interne respecto a lo que se decidiese en Cataluña y el País Vasco. Sería una alfombra roja a dos nuevos estados más o menos asociados a España. Por supuesto el tertulianismo «progresista» de Madrid apoyaría encantado toda esta operación en nombre de una supuesta «desinflamación» del asunto territorial. Y las televisiones líderes se encogerían de hombros, porque al final el grueso de su accionariado es foráneo y les da más o menos igual.

Sanchismo o España. Tú verás…