La pregunta del millón de dólares

Fue Alfonso Guerra quien dijo, tras la aplastante victoria socialista de 1982 , «vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió» . Guerra obviamente se refería a los avances que experimentaría social y económicamente, dado que los márgenes políticos y territoriales estaban perfectamente acotados por la reciente Constitución.

La situación, cuatro décadas después, podría dar lugar a una repetición de la citada frase por parte de otro gobierno socialista, pero no en favor de la mejora del bienestar y progreso de todos los ciudadanos, sino de un cambio en el modelo territorial de España que acabaría dinamitando la igualdad de los españoles consagrada en la Carta Magna.

Cuando Urkullu habla de celebrar una «convención constitucional», al margen del Parlamento, para que se reconozca la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad y la capacidad de decidir pactada, a cambio de los votos del PNV para investir a Sánchez, se está refiriendo al reconocimiento oficial de España como una nación de naciones, en la que las naciones vasca, catalana y gallega, negocien de igual a igual y de forma bilateral cada una con la nación española; que esas naciones también cuenten con sus tribunales propios, incluidos los de casación, independientes de los del Estado, y, por último, que puedan decidir libremente sobre su futuro en un referéndum, o sea que puedan votar si quieren ser una nación independiente de España .

«Gracita» Bolaños como certeramente apodó Carlos Herrera al ministro de Presidencia que Isabel D. Ayuso dejó en evidencia, no ha hecho ascos a la «propuesta legítima», así la calificó, de Urkullu, convencido de que la negociación para la investidura de Sánchez abrirá posibilidades para explorar territorios que sin duda agradarán a los separatistas vascos y catalanes y que el PSOE encajará dentro de una reinterpretación de la Constitución, aunque eso suponga sobrepasarla.

Es la frase del momento que repite el corifeo socialista: reinterpretar la Carta Magna, ya que no es posible reformarla en el Parlamento sin el concurso del PP, para conceder una amnistía e intentar colar de matute y por una puerta falsa, posibles cambios en el modelo territorial que un Tribunal Constitucional , confeccionado a la medida por Sánchez, con Conde Pumpido al frente, no tendría muchos escrúpulos en sancionar su constitucionalidad, aunque conlleve dinamitar la igualdad entre los españoles, con independencia de sus lugares de residencia, y privilegiar a unos, ciudadanos de primera, en detrimento de otros que pasarían a ser de segunda.

Los cuatro partidos que tienen la gobernación de España en sus manos y el destino de los más de 22 millones de ciudadanos que no les votaron a ellos, ERC, JUNTS , BILDU y PNV, han abierto la subasta de sus votos en máximos: amnistía y derecho de autodeterminación. Feijóo, obviamente, rechaza ambas exigencias, por más dispuesto que esté a hablar con el partido del delincuente Puigdemont, cosa que ha suscitado críticas dentro y fuera del PP. No hay necesidad ninguna de guardar las formas centristas, dialogantes y versallescas, sugeridas probablemente por los Gonzalez Pons de turno, con la formación política de un golpista, prófugo de la justicia, que no esconde sus pretensiones inconstitucionales e ilegales a cambio de apoyar una investidura.

Sánchez, en cambio, no sólo considera legítimo hablar con el delincuente sino que está dispuesto a amnistiarlo junto a otros miles de sediciosos y malversadores para que su apoyo le permita continuar en la Moncloa.

Una amnistía, que como certera y oportunamente ha argumentado con razones jurídicas y constitucionales el magistrado emérito del TC, Manuel Aragon, no la permite la Constitución por que acabaría con el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley y algunos, incluso, serían declarados inmunes frente al Derecho.

Si Sánchez pervierte la Carta Magna para satisfacer su ambición política beneficiando a los delincuentes separatistas, no tengo dudas que muchos presos condenados por delitos menores o malversación, le exigirán que la medida de gracia también les alcance a ellos. ¿ Acaso no tendrían derecho ?

De la autodeterminación ya se encargará el TC «reinterpretando» constitucionalmente «propuestas legítimas» (Bolaños dixit) como las de Urkullu que servirán para que los nacionalistas e independentistas justifiquen, por ahora su apoyo a una investidura de Sánchez ante sus militantes y votantes y todos ganen tiempo antes de retirárselo en función de los avances que consigan sobre sus exigencias en vísperas de las elecciones autonómicas de País Vasco y Cataluña en 2024. ¿Hasta donde está dispuesto a llegar Sánchez a cambio de seguir en el poder ? Ésa es la pregunta del millón de dólares. De momento marea la perdiz y sus socios participan del paripé.