Trabajo, futuro y bolsas de hielo

Al borde del comienzo de septiembre y adelantada, como la vendimia, por efecto de las altas temperaturas, ha comenzado la campaña de recolección de la aceituna de mesa a la que seguirá la aceituna de molino en plena escalada del precio del aceite de oliva. Para ambas campañas coexiste una severa dificultad: la escasez de mano de obra a pesar de los 744.600 desempleados que registra la última EPA para Andalucía, región con la mayor producción de aceituna de mesa y aceite. La tasa de paro en Andalucía, 18,1 % supera en casi 6,5 puntos la media nacional y triplica a la media de la Unión Europea; hace años que ya casi nadie invoca la convergencia con Europa como faro de guía.

Con datos de mayo de este año, última información disponible, 155.910 personas se beneficiaban bien del subsidio bien de la renta agraria, las dos modalidades de prestación para los trabajadores inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. El promedio de ingreso anual no llega a los 2.570 €; una cantidad exigua como pequeño es el coste total de este programa; apenas 400 millones de euros. El número de perceptores desciende año a año a un ritmo similar al que probablemente registre el vaciamiento interior de la España rural. También disminuye el número de jornadas que acreditan haber trabajado durante el año en parte por las sequías y la menor actividad que éstas imponen.

El trabajo en el campo es duro, las temperaturas en tiempo de recolección son muy elevadas y todo esto en mitad de la «gran renuncia» post pandemia. Los precios no acompañan y ya nadie recuerda que fueron los agricultores y ganaderos los que lograron mantener a los supermercados abastecidos durante la pandemia.

No hay proyecto vital para cientos de miles de personas –particularmente los jóvenes– porque la idea del medio plazo es ridícula; el largo plazo es pura paranoia. El aquí y el ahora es el fin de semana devaluado -bolsas con lotes de bebidas compradas en el súper con hielo de la gasolinera-; un fin de semana que comienza el jueves. Aquí no hay distingos entre lo rural y lo urbano.

El número de jornadas actúa como una guillotina para aceptar un empleo en el sector agrario. La idea básica de la legislación es que si se trabaja mucho no hay justificación para mantener el subsidio. La gente tiene miedo a perder el ingreso seguro que otorga el subsidio y otros beneficios que conlleva (por ejemplo, acceder a becas de estudio y comedor). Son cada vez menos los que confían en el mercado de trabajo y en sus propias capacidades para encontrar más y mejores empleos. El subsidio actúa según el lenguaje de los economistas, como una trampa que hace permanecer a los beneficiarios en la pobreza o en la escasez.

Hasta ahora la economía sumergida permitía completar la ecuación. Parte del tiempo se trabaja en situación de alta laboral en la Seguridad Social y el resto en B. Pero los pagos irregulares son cada vez más escasos. Aquí no alcanzan los beneficios de los que sí disfrutan los malversadores de dinero público.

No es tanto el riesgo de ser objeto de una inspección de trabajo que detecte a empleados en situación irregular sino que las operaciones de venta de las cosechas en la economía sumergida, tienden a ser marginales y con ello la posibilidad de pagar salarios en dinero B. Lo mismo ocurre en la Construcción, otro refugio tradicional de la economía sumergida.

Son varias las explicaciones para este problema que no es nuevo pero que sí se acentúa año a año. Desde luego es más complejo que imputarlo sin más a la desmovilización de la mano de obra en el campo porque prefiere recibir un subsidio o «paguita» a una jornada de trabajo duro y a destajo (modalidad en la que el sueldo depende del volumen de cosecha recolectado o en la que alcanzar un determinado número de kilos preestablecido marca el final de la jornada).

En plena irrupción de la Inteligencia Artificial en unos procesos productivos ya de por sí robotizados, el sistema de protección social se sostiene sobre pilares cada vez más frágiles.

En general y ya no sólo para el sector agrario, en España es posible perder el derecho a recibir una prestación por desempleo. Por ejemplo por cometer tres veces el mismo año las infracciones de rechazar oferta de empleo adecuada, negarse a participar en programas de colaboración social, programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reciclaje profesional. Sin embargo, las estadísticas oficiales no informan de cuántas personas dejaron de percibir la protección pública por incurrir en estas faltas. La idea que se traslada es que un desempleado que no busca activamente empleo puede agotar cómodamente todo el tiempo de percepción al que tiene derecho.

Pocos gobiernos afrontan el problema de la sociedad desmovilizada y la mejora de la actividad económica al mismo tiempo. Probablemente porque el nexo entre una y otra pasa por devolver a la sociedad, principalmente a los más jóvenes, la esperanza en su propio futuro; el valor de dejar el asistencialismo estatal a quien verdaderamente lo necesita.

El Gobierno de Giorgia Meloni en Italia se ha atrevido a reformar la «renta de ciudadanía»; un subsidio de desempleo de hasta 780 euros que ahora se limitará a familias que tengan a cargo menores de edad, mayores de 60 años o personas discapacitadas sin posibilidades de acceder a un empleo.

El coste de este programa está a años luz del programa de subsidio agrario. Para toda Italia alcanzó los 25.000 millones de euros al año. La idea lanzada por el gobierno italiano es sencilla; si usted tiene entre los 18 y los 59 años y sin discapacidades, puede encontrar trabajo si lo desea y no necesita una renta que le paguen el resto de ciudadanos. El Estado le puede ayudar un poco para mejorar su empleabilidad o para pagar el alquiler pero el resto del esfuerzo lo tendrá que poner usted porque verdaderamente merece la pena granjearse un futuro mejor.

José Manuel Cansino es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino