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Perro come perroAntonio R. Naranjo

Pablo Rigo

Un aplauso para el abuelo que defendió su casa y ha sido condenado por matar a uno de los cuatro asaltantes

Un hombre de 83 años, Pablo Rigo, acaba de ser declarado culpable del homicidio de un sujeto que intentó robar en su casa en Mallorca, en compañía de otros tres sinvergüenzas, lo que podría llevarle a prisión para tres años y nueve meses si el juez encargado de redactar la sentencia estima la petición de la fiscalía.

No se conocen los detalles del fallo, que no compartieron cuatro de los nueve miembros del jurado, pero sí las circunstancias de lo ocurrido en su domicilio hace cinco años.

Por no extenderme, en síntesis son éstos: los malhechores, dos españoles y dos hermanos colombianos liderados por un tipejo cuyo sobrenombre lo dice todo, «Pep Merda»; le esperaron a la puerta de su casa, le agarraron por el cuello, le taparon la boca y le introdujeron en el interior de nuevo.

Allí maniataron a su esposa, encerrándola en el sótano; cortaron el cable del teléfono y se aprestaron a apropiarse de todo objeto de valor que pudiera tener la pareja.

En un momento determinado, Pablo logró hacerse con una escopeta de caza, cargada con un único cartucho, y disparó a uno de los asaltantes a una distancia de entre cinco y diez metros, según el perito forense, provocándole la muerte y haciendo huir a los demás.

A continuación, llamó a los servicios de emergencia, en estado de pánico, creyendo que los delincuentes aún permanecían en su casa: «Vengan rápido que nos van a matar», acertó a decir con voz desesperada.

La sentencia probablemente recoja ese despropósito legal que elimina o reduce el recurso a la legítima defensa por la supuesta falta de proporcionalidad entre la magnitud del peligro y la rotundidad de la respuesta: aunque las víctimas fueran él y su esposa, si las intenciones de los ladrones no son homicidas y las armas utilizadas para perpetrar su fechoría son de inferior categoría a las consecuencias de la réplica y a los recursos empleados para aplicarla, el veredicto de culpabilidad está prácticamente asegurado.

Que la ley es, en este punto, un despropósito, viene a reconocerlo el propio jurado, al incluir en su fallo condenatorio una recomendación de indulto, que tendrá que rubricar el Gobierno a la mayor rapidez, aunque el beneficiario de su indulgencia no haya dado golpes de Estado en Cataluña ni, como Juana Rivas o María Sevilla, secuestrado a sus hijos.

Pero que se mantenga esa legislación absurda deja indefensas a tantas víctimas y, también, a quienes pueden defenderlas desde los Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque, ¿cómo se mide o se averigua la gravedad de una situación peligrosa ocurrida en ese santuario que debe ser la propiedad privada?

¿Se les pregunta a los asaltantes, antes de defenderse de ellos, si van a robar o quizá también a violar o a asesinar para, según sea su respuesta, decidir el método de defensa más adecuado? ¿Se intenta saber, antes de sacar un cuchillo o un rifle, si sus armas son unas u otras?

«Perdonen que les moleste, señores ladrones, pero antes de sacar la escopeta, querría saber si llevan ustedes armas de fuego y, si no es molestia, si van a conformarse con vaciarme la caja fuerte o tienen pensado violar a mi hija de 22 años, que duerme en la planta de arriba, y asesinarme a mí a continuación. Es por decidir si saco el rifle o, aunque ustedes sean cuatro y yo les triplique en edad, me conformo con hacer lo que pueda con esta navaja de Albacete que compré hace años, si su hoja guarda proporción con esos machetes que me ha parecido verles, por supuesto».

El señor Rigo fue un valiente y un héroe, cuya condena avergüenza a los legisladores y abandona a su suerte a los ciudadanos, una vez más, por ese estúpido concepto de la proporcionalidad que también opera en la ocupación de las casas ajenas y transforma en un delito la legítima defensa. Con unas leyes serias, todo recurso utilizado para proteger tus bienes, tu familia y a ti mismo en el seno de tu hogar debieran ser aceptados. Y en lugar de declararle culpable, a Pablo le harían un homenaje y le pondrían una calle en su pueblo.

Pero esto es España y, en lugar de premiar a un abuelo con los cojones que a todos nos gustaría tener en unas circunstancias tan delicadas, le metemos en la cárcel y nos solidarizamos con el grandísimo hijo de su madre que entró a la fuerza donde no debía y se llevó, simplemente, su merecido.