Murcia, un síntoma de España

Hay varias maneras de ver lo ocurrido en Murcia. Como un terrible infortunio, fruto de ese destino incierto que viene cargado de muerte a la vuelta de la esquina. Como un accidente, provocado por una combinación de factores ocasiones que por si solos no son una amenaza pero, al sincronizarse, provocan una tragedia.

O como el clímax del desastroso funcionamiento de una Administración que saquea al ciudadano, en nombre de sus derechos, para al final agotar los recursos en sí misma y dejar abandonado a su suerte al pobre contribuyente, convertido en un mero objeto recaudatorio sin más derechos que los estrictamente esenciales.

Seguramente la tesis correcta sea la que combine todas las anteriores, en dosis fluctuantes en función de las circunstancias. Pero de todas las opciones, la tercera es la única que se puede gestionar, analizar, examinar y despellejar sin dejar demasiado margen a la duda.

Porque en el drama murciano, que se llevó por delante a al menos catorce chavales que pudieran haber sido nuestros hijos, se resume la desfachatez con que los Ayuntamientos, como en otros casos las comunidades y el propio Estado, dilapidan el dinero que confiscan al ciudadano en dotarse a sí mismos de un nivel y calidad de vida directamente enemigo de la eficacia de los servicios que prestan.

No hay que ser ningún lince para, con un mínimo esfuerzo, acceder a los convenios colectivos municipales de la práctica totalidad de las ciudades españolas. Ni tampoco a la liquidación anual de sus presupuestos municipales, que es donde de verdad se ve cuánto se gastan y en qué, más allá de los deseos y justificaciones plasmados en el papel aprobado antes de ejecutarlo, lleno de ideas, propuestas y medidas que probablemente se incumplan o se ejecuten de manera incompleta y modesta.

El caso de mi Alcalá de Henares puede darles una pista: en 2021, último ejercicio del que existe documento oficial, el gasto en personal rozó los 86 millones de euros, mientras que el ingreso neto contante y sonante apenas superó los 157 millones.

Más del 50 por ciento del dinero efectivo que logró el Ayuntamiento, presidido entonces por uno de los más conocidos pelotas de segunda fila de Pedro Sánchez, se dedicó a su nómina y a las de sus empleados, gracias a un convenio colectivo que da a un concejalillo de medio pelo el mejor salario probable de la ciudad y a sus subordinados, con jornadas que para un trabajador normal o un autónomo le parecerían un día festivo, tres cuartos de lo mismo.

Y todo ello pese a que el incremento de la presión fiscal municipal, similar a la aplicada por el conjunto de los gestores del bienestar del Estado, que alcanza categoría confiscatoria, con un IBI similar al de Majadahonda pese a que la renta media es prácticamente la mitad.

Lo de Alcalá probablemente ocurra en Murcia, y en casi cualquier municipio en el que su Ayuntamiento sea también su primera industria, y también la más improductiva.

Porque hecho el desfalco al vecino, que será luego atracado también por los gobiernos autonómico y nacional con variopintas excusas, y consolidada la existencia de una casta política, funcionarial, sindical y de toda laya succionadora; luego no habrá ni policías ni barrenderos en las calles; los barrios serán una trampa mortal para los viandantes y ratas, cucarachas y otros insectos bípedos camparán a sus anchas.

Y si una discoteca peligrosa se pasa por el forro las órdenes de precinto, nadie acudirá a restituir el orden hasta que arda y necesiten tapar las huellas del abuso. Como una metáfora, bien mirado, de lo que hace Sánchez con España, otra discoteca en llamas.