El imperio de la arbitrariedad

La reina Letizia se quedó sin copa para brindar, la Junta de Andalucía y la alcaldesa de la Granada se quedaron sin un gesto de deferencia hacia la ciudad que albergó la cumbre y la propia cumbre europea se quedó sin un acuerdo digno de tal nombre ni siquiera en materia de inmigración. Es evidente que la cumbre de Granada no pasará a la historia de los grandes hitos comunitarios, pero sí puede pasar a nuestra pequeña historia doméstica porque Pedro Sánchez decidió utilizar el encuentro internacional para hacer la presentación en sociedad y ante las instituciones europeas de la amnistía que está negociando –o ha negociado ya– con los golpistas catalanes.

Habló Sánchez en Granada de «superar las consecuencias judiciales» del golpe independentista de 2017. La frase merece figurar al mismo nivel que su memorable «¿de quién depende la Fiscalía?» o aquella otra en la que justificó los indultos sugiriendo que las condenas a los golpistas habían sido un acto de venganza. Las «consecuencias judiciales» que Sánchez quiere superar constituyen el fundamento mismo del imperio de la ley. Cuando esta se incumple, hay consecuencias y afectan por igual a los poderosos y a quienes no lo son. Así se organiza la convivencia en los regímenes democráticos. La amnistía se carga de un plumazo ese principio por muy bellas que sean las palabras con que venga adornada.

Sánchez dice estas burradas, no por ignorancia, sino por su profundo desprecio a la independencia de la Justicia. Para el común de los mortales, la justicia es una garantía de defensa de sus derechos, para Sánchez y los gobernantes como él, la justicia supone un engorro que es preciso controlar. Por eso hizo a su ministra fiscal general del Estado, por eso maniató al Consejo del Poder Judicial sin que le haya importado llevar a los tribunales al colapso. Y por eso se permite utilizar al Tribunal Constitucional como el primo de Zumosol de todas sus tropelías. La amnistía solo es un paso más en esa estrategia de asedio y rendición del poder judicial.

La sentencia del procés fue uno de los momentos estelares de nuestra democracia. Fue el ejemplo más pedagógico que los ciudadanos pudimos tener de lo que significa el principio del imperio de la ley: unos gobernantes sentados en el banquillo y condenados por sus delitos en un proceso pleno de garantías. La amnistía que veremos es el reverso de aquel momento: los políticos utilizando sus privilegios para lograr que no se les aplique la ley. Eso puede ocurrir en algunos países, pero no se les considera democracias.

Hace seis años, los ciudadanos ocuparon de forma masiva las calles de Barcelona para plantar cara a un gobierno –el de Puigdemont– empeñado en incumplir las leyes para imponer a los catalanes una independencia que no querían. Hoy miles de personas tienen que salir otra vez a las calles de Barcelona para decirle a otro gobernante –Pedro Sánchez– que quieren seguir viviendo en un régimen basado en el imperio de la ley y no en el de la arbitrariedad.