Del rigor legal a la justicia creativa

Esta semana hemos sabido que después de que el PSOE estuviera criticando el mes que habíamos perdido con Núñez Feijóo esperando a la fecha de su investidura, esa fecha fue fijada en realidad entre dos presidentes: la del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y el del Gobierno, Pedro Sánchez. Núñez Feijóo pidió ocho días y le dieron treinta. Y ahora es el PSOE el que tampoco parece tener suficiente con treinta días.

Para empezar, pretender que nos creamos que Sánchez y sus potenciales aliados no han estado negociando nada mientras estaba en marcha el proceso de investidura de Feijóo es aspirar a hacernos comulgar con ruedas de molino. Entonces ¿a qué fue Yolanda Diaz a Bruselas? ¿A una merienda chupi guay con Puchi? Sánchez y su equipo no han dejado de negociar en ningún momento con sus potenciales aliados. Y la realidad es que dos meses y medio después de las elecciones, Sánchez sólo tiene asegurados los votos del PSOE y los de Sumar, menos los cinco escaños de Podemos. Como bien me decía el pasado 9 de agosto un veterano cronista parlamentario en un mensaje telefónico «¿pensáis que Pablo Iglesias hará vicepresidenta del Gobierno a quien le traicionó y mandó al paro a la madre de sus tres hijos?». Es evidente que Sánchez es perfectamente capaz de decapitar a Yolanda Díaz a cambio de no perder esos cinco votos. Pero lo cierto es que, a estas horas, formalmente no tiene ni a Podemos ni mucho menos a los demás grupos nacionalistas e independentistas. A toda la retahíla nacionalista no la tiene por la sencilla razón de que ellos todavía están a ver qué más pueden sacar. Y ahí se ha sumado, muy explícitamente, el PNV que tiene que vender ante su electorado que está justificado apoyar una coalición de ultraizquierda por lo mucho que pueden sacarle. Es decir, la nueva mayoría todavía está en construcción.

Esta semana hemos visto la inmersión en el sanchismo de un estimado colega profesional, Xavier Vidal-Folch que el pasado jueves anunciaba en la portada de El País que hay 22 sentencias del constitucional que permiten encajar una amnistía. Un prestigioso jurista madrileño me decía que lo primero que demuestra esa «información» es que el autor sabe poco derecho constitucional y lo segundo que como el resto del sanchismo este periodista ha cambiado radicalmente su posición respecto al golpe catalán de octubre de 2017. Todo lo que entonces era ilegal, lo que eran delitos, ahora son minucias irrelevantes.

Un análisis más riguroso, como bien explicaba María Jamardo en El Debate el viernes lleva a comprobar que no hay ni un solo fallo o pronunciamiento sobre el encaje legal del perdón penal que negocia Sánchez con los independentistas. Pero en la España de Sánchez hemos pasado del rigor legal a la justicia creativa.

Otrosí: Esta semana también hemos conocido que la Junta Electoral Central ha multado a Pedro Sánchez con 2.200 euros de sanción por emplear su comparecencia ante los medios tras un Consejo Europeo para hacer campaña electoral. Es la segunda vez que la Junta le multa por utilizar las infraestructuras del Estado con fines partidistas. Ya ocurrió en 2020 cuando grabó en la Moncloa una entrevista en campaña electoral. En otro país eso provocaría la dimisión del presidente del Gobierno. Pero si en España Sánchez no dimitió ni cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las prórrogas de la reclusión de la población que decretó el Gobierno por la pandemia, dos condenas de la Junta Electoral Central sólo pueden ser consideradas pecadillos veniales. Pelillos a la mar.