¿Quién le pone el cascabel al gato?

Nunca se debe infravalorar a un político que fue capaz de ocupar el poder tras haber dejado al PSOE en el chasis, con solo 85 escaños. Sánchez tal vez no tenga muchos escrúpulos –en efecto, más bien ninguno–, pero quizá por ello es un maniobrero muy eficaz en las jugadas de riesgo extremo. Ahora mismo está embarcado en otra misión imposible: seguir en el poder, tras perder las elecciones, plegándose a las demandas de un prófugo golpista. Lo dramático es que puede salirle bien, pues lo ha montado todo de tal manera que no se vislumbra manera de pararlo.

Aunque el autobombo de los medios resulta siempre un poco plomizo, me permitirán recordar que el pasado 23 de septiembre El Debate publicó una información, firmada por Ana Martín, donde se anunciaba un plan de Sánchez para tomar el Tribunal Constitucional y pagar así las futuras exigencias inconstitucionales de los separatistas. Desgraciadamente para España, aquella información se ha cumplido. Ya estamos ahí.

Lo que ha hecho Sánchez es tan fácil de explicar como difícil de desmontar, porque la gran ocasión de pararle los pies se perdió en el 23-J, cuando la derecha se quedó al borde de la mayoría absoluta tras cometer el error de andar a bofetadas durante la campaña. Sánchez ha acogotado al poder judicial y al tiempo ha hecho suyo el Tribunal Constitucional para ir modificando nuestras leyes fundamentales sin pasar por el Parlamento.

El asalto al TC ha sido tan burdo que resulta insólito que las autoridades europeas, siempre prestas a ponerse estupendas con los conservadores cristianos de Hungría y Polonia, no hayan arqueado ni una ceja. Sánchez ha alcanzado la desfachatez de colocar como magistrados a su exministro de Justicia y a una jurista que provenía directamente de la oficina de Bolaños. Ha situado al frente del TC a un acreditado simpatizante socialista, que en su día llegó a tener a gala que él manchaba su toga «con el polvo del camino» para servir a la causa izquierdista, léase al PSOE.

Sánchez ha seguido la misma ruta que en su día eligió Hugo Chávez para someter a Venezuela. Una vez que tienes al mayor tribunal del país al servicio del Ejecutivo, todo lo que decida el presidente pasa a ser legal. Así de sencillo. Cuando hablan de la amnistía, Sánchez y sus coristas se cuidan siempre de añadir que no se hará nada que no sea «escrupulosamente constitucional». Son palabras huecas, toda vez que quien fija la constitucionalidad es Pumpido, marioneta del PSOE que ya ha puesto al TC ha trabajar a toda máquina a su servicio.

La situación es endiablada. Sánchez está reescribiendo la Constitución por la puerta trasera. Pero no se vislumbra la manera de evitarlo. La amnistía, que el propio líder del PSOE consideraba inconstitucional tres días antes del 23-J, será ahora perfectamente legal. Cuando el precio sea colar alguna forma de consulta separatista, se empleará idéntico mecanismo: se buscará alguna formulación eufemística y Pumpido dará su bendición (con la prensa global de capital guiri explicando en alambicados editoriales que hay que seguir «desinflamando»).

Modificar la Constitución de forma soterrada, al dictado del Ejecutivo y sin seguir el cauce que establece la propia Carta Magna para su reforma, supone dinamitar los pilares de nuestra democracia. Abre la senda hacia la autocracia y una España con sus hilvanes rotos. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se frena la celada jurídica que nos ha tendido Sánchez?

¿Europa? Pierdan toda esperanza. Sánchez se ha cuidado de cultivar ahí fuera una impecable fachada de líder «progresista, feminista y ecologista», que es la música que hoy gusta en Bruselas. Úrsula y compañía se resisten a ver su evidente ramalazo autoritario.

¿Manifestaciones? Le harán la vida más difícil, sí. Pero dudo que lo frenen, por muy masivas que sean. Además, cuenta con sus televisiones para pastorear al pueblo y predicar contra el «alarmismo injustificado de la derecha y la ultraderecha».

¿El Rey? Su margen de maniobra será mínimo, pues lo que bendiga Cándido, por mucha barbaridad que sea, pasará a ser constitucional.

¿La presión de intelectuales y empresarios? Los primeros son mayoritariamente de izquierdas y los segundos no se distinguen precisamente por dar la cara en defensa de su país (aunque luego echen pestes en cenas y corrillos).

¿La sociedad civil? Una parte muy notable de la población no se ha rendido, cierto. Pero también existe una importante proporción que vota encantada a una izquierda felona con España, o que opta por no preocuparse con «el coñazo de la política» y prefiere seguir distraída con el Netflix, el fútbol, el finde y las cañitas (hasta que un día se despierten en un país seudo bolivariano).

La única solución pasaría por que Puigdemont no se aviniese a entronizar a Sánchez y forzase nuevas elecciones. Pero no parece plausible, pues Sánchez le brinda la oportunidad de quedar limpio como una patena. Con un Gobierno de derechas viviría infinitamente peor. Además, si volvemos a barajar en las urnas, PP y Vox tendrían que sumar mayoría absoluta, lo cual no está tan claro.

Calculo que Sánchez será investido gracias a su alianza antiespañola. Solo nos quedará entonces la esperanza de que la sopa de letras se les agrie y en un par de años surja la oportunidad de otros comicios. Pero para entonces España puede haber iniciado ya una deriva de complicada vuelta atrás.

En resumen: no se frenó al gremlin cuando parecía un osito de peluche y ahora está a punto de destrozarnos la casa.