Movilización, jueces y funcionarios leales

Debió bastar para disparar todas las alarmas, en Europa y entre las genuflexas élites españolas, la declaración institucional del CGPJ según la cual una amnistía aboliría el Estado de Derecho. Eso fue antes de saberse que el próximo Parlamento formará tribunales de hecho para juzgar a los jueces y magistrados que instruyeron causas y dictaron condenas contra los golpistas, o que aún están investigando a los socios de Sánchez por gravísimos delitos. De inmediato, tomaron posición en el mismo sentido que el CGPJ todas las asociaciones de jueces, incluida la de izquierdas, las de fiscales, cuerpos de funcionarios como los inspectores de Hacienda o de Trabajo, letrados de la Administración de Justicia y de la Seguridad Social, interventores y auditores del Estado, más todas las asociaciones de la Guardia Civil. Igual hicieron las patronales, numerosos colegios de abogados y los bufetes más importantes de España.

Salvo legos, militantes, y mentirosos acreditados como los jueces que se siguen denigrando como ministros de Sánchez, nadie puede negar ya lo evidente: España está a punto de abandonar el espacio de las democracias liberales al volar el sanchismo la división de poderes, arrasar la independencia judicial, violar la interdicción constitucional de la amnistía, pisotear el principio de igualdad, dinamitar la jerarquía normativa y sustraer al Ejecutivo –más las instituciones y grupos que este designe– de la sujeción a la ley y a las resoluciones judiciales. Por efecto de la amnistía, también saldrán impunes una horda de terroristas callejeros y una ristra de chorizos amigos de Puigdemont, sujeto fugado e investigado por terrorismo ante el que el Estado deberá doblar la cerviz. En la ristra van Laura Borrás, el clan Pujol, Gonzalo Boye –abogado de Puigdemont que participó en el secuestro de Emiliano Revilla y está siendo investigado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico–, Lluis Escolá –mosso que organizó la fuga de Puigdemont–, Xavier Vendrell –que perteneció a Terra Lliure y al que se acusa de múltiples delitos–, Víctor Tarradellas –ligado a la trama de contactos con agentes de Putin para que Rusia apoyara la independencia de Cataluña–, Josep Lluís Alay –que se reunió con miembros de la mafia rusa y, asimismo, con agentes de Putin–, más todos aquellos que los golpistas deseen beneficiar de una amnistía que se retrotrae a 2012.

En estas circunstancias, y con un referéndum de autodeterminación a pactar por representantes «de España y Cataluña», en pie de igualdad y bajo la mediación de un relator, a nuestra nación solo pueden salvarla de la dictadura y de la partición la la ciudadanía en permanente movilización, los funcionarios leales y el Poder Judicial. Este por dos vías: una, las cuestiones de inconstitucionalidad con recusación de Conde-Pumpido; dos, mantener los procedimientos por terrorismo y por corrupción invocando los tratados internacionales al respecto suscritos por España, de naturaleza superior a una ley de amnistía. Frente al golpe, la ocupación diaria y pacífica de la calle y los anticuerpos del Estado son nuestro último recurso antes del caos.