Un Gobierno no, una sala de guerra

Sánchez prosigue su escalada bélica, que es su bomba de humo para ocultar su rendición ante los enemigos de España, nombrando un Gobierno de imposiciones ajenas comunistas (en contra del mandato constitucional que reserva al presidente la capacidad indelegable de elegir a sus ministros) y edecanes propios cuyo principal mérito es la lealtad marcial al patrón: no hacen preguntas, ejecutan órdenes.

Más que un Consejo de Ministros es un búnquer y un sala de guerra, como la Moncloa es el Nido del Águila, desde el que se piensan dirigir las maniobras previstas: como se trata de disimular la rendición incondicional ante el separatismo, no queda otra que dramatizar un enfrentamiento a vida o muerte con esa molesta España constitucional, transformada por la propaganda sanchista en una gigantesca conspiración reaccionaria sin otro objetivo que derribar al Gobierno legítimo.

Todo produce bochorno en Sánchez, sin excepción ni atenuante, y todo resulta ya agotador en un país en el que cada argumento, prueba, dato, hecho y realidad verificable se replica con un insulto, un desprecio, una valoración ad hominem y una suposición; tácticas todas ellas goebbelianas para impedir una conversación sensata sobre los asuntos públicos y enterrar con ello uno de los pilares esenciales de la democracia.

Pero mientras Sánchez repartía el botín con sus soldados y apostaba por generalizar el perfil de Puente o de Bolaños para dejar claro que esto va a ser una guerra, se perpetraba con impunidad el siguiente paso en la escalada destructiva de la España constitucional con el abono de otra factura del rescate, girada por sus secuestradores.

Si su Presidencia se negoció con un prófugo y en un país extranjero; el desarrollo de los obscenos peajes que comportaba se dirime ahora en Suiza, con cuatro mediadores internacionales desconocidos y en privado, como si España fuera el Ulster o la Colombia de las FARC.

Lo único que sí sabemos, porque aparece en el chantaje por escrito que Sánchez rubricó para comprarse la Presidencia, es el objetivo de la reunión, más propia de mafiosos huyendo de la Justicia para verse de incógnito en una isla remota que del tipo que maneja el BOE en un país decente.

Allí van a hablar del «cupo catalán», que consagrará el principio de insolidaridad y empobrecerá a la España más desfavorecida, creando un nuevo paraíso fiscal parecido al del País Vasco o Navarra. Y se empezará a conversar sobre el tipo de referéndum de independencia que a Puigdemont le parezca aceptable, probablemente en el tramo final de la legislatura, cuando el abordaje de Sánchez al Estado de derecho sea pleno y una Justicia colonizada de condespumpidos esté preparada para blanquear cualquier exceso y darle el mismo tipo de legalidad que Chávez o Maduro le confirieron al ordenamiento jurídico venezolano.

Sánchez, por necesidad y convicción, ha roto con al menos media España, engañando a una parte de la otra media con mentiras preelectorales o seduciéndola con subvenciones a fondo perdido, pero su realidad no cambia ni con todo el auxilio de la sumisa trompetería mediática que presenta cada uno de sus abyectos pasos como una genialidad política vanguardista y luego pasa por caja.

Y esa realidad es que el futuro de España, cuando no su presente, se ventila clandestinamente entre Waterloo y Ginebra, alzando muros domésticos contra millones de españoles inocentes, derribando todos los obstáculos constitucionales y preparando una alfombra económica, jurídica e institucional a los únicos insurgentes de verdad.

Un Gobierno que insulta a Fernando Savater y le pide la vez a Puigdemont, a Junqueras y a Otegi no merece respeto alguno, ni tampoco responder a su fuego con más fuego. Pero hay que adivinar aún dónde está la puerta de acceso, aún indemne, para encontrar la fórmula para salvar la democracia desde la democracia. Sánchez la abandonado y ahora es toda ella de sus víctimas.