Irene se va, Podemos permanece

La rabieta de Irene Montero al perder su condición de ministra es el adecuado colofón a su trayectoria pública. No podíamos esperar otra cosa. Si acaso, algo más de ruido y algún que otro puchero. Su reacción al perder estatus, salario y prebendas es más propia de una adolescente maleducada y consentida que de una mujer adulta. Sin embargo, obedece a creencias bien arraigadas en buena parte de la ultraizquierda nacional.

Lejos de creer que servir a los ciudadanos desde el Gobierno de España es un honor que no merece más que sincero agradecimiento, ella y los suyos consideran que es un derecho que tienen ganado desde la cuna, puesto que son los legítimos representantes del pueblo al que continuamente invocan sin conocerlo y del que creen erróneamente que forman parte. Ya le gustaría al común de los mortales disponer del acceso al que han tenido los alumnos de Iglesias, Monedero y Errejón a centros de enseñanza privados de prestigio internacional, becas bien remuneradas que no se publican en boletines oficiales o viviendas en parajes de ensueño o zonas sin permisos de edificación. Esas casas están reservadas para los cachorros de las élites que quebraron las cajas de ahorro. El resto se mata a trabajar para pagar las letras de una hipoteca que se han multiplicado por dos o para comprar una habitación en casa compartida. El resto, en el mejor de los casos, recibió una Erasmus para estudiar seis meses en Europa y tenía que complementarla para pagar piso y comida poniendo copas en un bar después de las clases.

Mal que le pese, Irene Montero pasará a la historia –si es que merece alguna línea– como la ministra que rebajó las penas a violadores y se gastó buena parte del dinero que los españoles ganan con su trabajo haciendo campañas para partir en dos a la sociedad: mujeres contra hombres –primero– y mujeres contra mujeres –después–. Es imposible adivinar hasta dónde hubiera sido capaz de llegar en su afán de sembrar cizaña, con el fin de sacar tajada política, si Pedro Sánchez la hubiera mantenido en su puesto. Pocos la echarán de menos. Ni siquiera buena parte de las empleadas públicas de su ministerio, hastiadas por tener que atender las cuestiones personales y familiares de la ministra que no formaban parte de sus funciones.

Sin embargo, aunque Irene Montero se va, la semilla de odio y la falta de respeto a la legalidad y la arquitectura constitucional nacida de la Transición que ha sembrado Podemos en la vida pública e institucional permanece y crece. El nuevo gobierno vende diálogo en las tomas de posesión al tiempo que criminaliza y niega el derecho a existir a la oposición democrática, presume de hacer honor a la palabra dada mientras hace una enmienda de totalidad a sus propias promesas electorales. Todo en nombre de los votos recibidos.

En esta legislatura que da sus primeros pasos, veremos el ataque final a la Constitución que viene germinando desde aquellos tiempos en los que Zapatero prometió aprobar el estatuto que aprobara el parlamento de Cataluña. Disfrazado de demócrata, hizo suya la teoría de los separatistas, que, en su desenfrenada carrera hacia el abismo invocaron la supremacía del poder legislativo sobre la ley. Estamos en manos de los jueces, los garantes del Estado de derecho, los únicos capaces ya de poner freno al despropósito. Esperemos que sean capaces de resistir el embate.