Sánchez sí tiene un problema de legitimidad

Pedro Sánchez ha enviado una carta a sus ministros atribuyendo a la oposición sus propias culpas y responsabilidades, con la estrategia del cínico consumado que está pillado con las manos en la masa. Pero el cínico no es idiota, y sabe perfectamente que él y su Gobierno tienen un grave problema de legitimidad, y no porque lo diga la oposición. Legitimidad, que es esa cosa tan difícil de explicar y tan imprescindible para poder gobernar.

Un tipo que ni siquiera leyó su propia tesis, redactada y copiada por otros, dudo mucho que haya leído alguna línea sobre legitimidad. Pero la entiende y la percibe perfectamente con la intuición del superviviente. Y sabe que la suya se sostiene malamente sobre una única pata de las tres que necesita toda legitimidad para poder gobernar con cierta estabilidad. Es la pata de la mayoría, y hasta esa es frágil, porque es la mayoría parlamentaria, pero no la electoral. Sánchez y el PSOE perdieron las elecciones, por mucho que intenten transmitir lo contrario, sumando sin cortarse un pelo los votos de Sumar y los de todos los nacionalistas.

Pero le fallan las otras dos patas, y de manera estrepitosa. Primero, la del respeto al Estado de derecho, que es consustancial a la legitimidad en una democracia. No hay manera de encajar la ley de amnistía y todo lo que le rodea en el Estado de derecho, ni con Conde Pumpido en el Constitucional. Como bien ha resumido Alfonso Guerra, «¿dónde se ha visto una ley redactada por los delincuentes?». Y no solo es que sea literalmente así, sino que lo sabe hasta el ciudadano menos informado.

Y segundo, le falla esa tercera pata esencial de la percepción de los ciudadanos, la que acepta tu legitimidad no solo porque considera legal tu nombramiento, sino también porque aprueba tus razones. Y aquí se derrumba sin remedio el precario chiringuito argumental de Sánchez. Una tras otra, las encuestas muestran la mayoritaria oposición a los pactos de Sánchez para ser presidente, empezando por la ley de amnistía. La última, la de DYM de noviembre, muestra un 66 por ciento de ciudadanos en contra de la ley de amnistía, y entre ellos, un 52 por ciento de los socialistas. Es decir, que no lo legitiman ni los suyos.

Y lo anterior tendría cierto remedio si la gente creyera en un fin deseable que justificara los medios impresentables, que es lo que usó Zapatero para negociar con ETA, aquello de que se acabó el asesinato y viviremos tranquilos. Pero ahora nadie se cree que los nacionalistas vayan a integrarse en la democracia, en los métodos legales y en España. Ni mucho menos, como ya lo han dejado claro los delincuentes que han redactado la ley de amnistía. O sus socios vascos, que han inaugurado la legislatura manifestándose por la nación vasca y contra los jueces que les impiden cometer ilegalidades en materia de lenguas.

En este contexto, da más pena que irritación leer a los opinadores sanchistas intentado justificar a su líder. En su desesperación, llegan al ridículo, como lo del diario sanchista de la mañana en los últimos días, intentando montar la teoría de que los manifestantes contra el Gobierno son como Puigdemont. Eso y lo de repetir ultraderecha varias veces en el mismo párrafo. Pero entre el ridículo y la descalificación no creo que vaya a darles para aguantar toda la legislatura.