Flojera pepera

La presidenta de las Cortes ha vuelto a deshonrar su cargo, solo que esta vez ha sido más grave por la solemnidad del acto. El fiscal general del Estado se ha convertido en el campeón del partidismo, siendo quizás el único en su carrera que ha confundido el principio de jerarquía, referido al resto del Ministerio Fiscal, con su personal obediencia al presidente del Gobierno. Los principios de legalidad e imparcialidad que la Constitución le impone le resultan ajenos porque él ha venido a materializar aquel exabrupto de Sánchez: ¿la fiscalía de quién depende? Aquello se interpretó como el error de un zascandil crecido que ignoraba el artículo 124 de la Carta Magna, el Estatuto del Ministerio Fiscal, su integración en el Poder Judicial, su autonomía y, en general, el abecé del órgano constitucional. ¡Quia! El error era nuestro: Sánchez no aludía al ser sino al espurio deber ser que ya se revolvía en la cabecilla del cabecilla del golpe.

En cuanto a Pumpido, el Recusable, todos sabemos para qué está ahí. Si algo define sus propósitos, pero también su calaña, es la bronca a gritos que le metió al magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Sánchez, por actuar con pulcritud, atenerse a la ley y tomar la decisión de abstenerse en los recursos relativos a la ley de amnistía. Puesto que sobre esa norma por venir se sostiene Sánchez –es la principal exigencia de sus pringosos socios–, Pumpido el Recusable se puso como un basilisco. Campo estaba poniendo en evidencia a los magistrados que, como él, debían apartarse. Debo decir que la decisión del exministro no me sorprendió. He sostenido antes de su gesto que la mentalidad de jurista es estructural en él, que define su personalidad, y que actuaría correctamente. Permanece como un punto negro aquella significativa referencia que hizo, sin fundamento, a una «etapa constituyente», y espero sinceramente que algún día nos la aclare, porque el caso es que aquel desliz coincide demasiado con lo que estamos viviendo: un proceso constituyente sin modificación formal de la Constitución. Ya saben, eso que Kelsen llamó golpe de Estado o revolución, definición que debería repetir a diario la oposición en el Congreso, a ver si la escorada Armengol se atreve a eliminarlo una y otra vez del diario de sesiones.

Pero es el caso que el PP no quiere utilizar la expresión, no quiere llamar a las cosas por su nombre. Lo que es peor, sus innegables críticas al proceso de abolición del Estado de derecho (CGPJ dixit) van acompañadas de una inexplicable ayudita al régimen que les ha colocado al otro lado de un muro, al régimen que está levantando un venezolano sistema sin alternancia. La prueba está en las palabras de González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP: «España no está todavía en la situación de Polonia y Hungría. No ha llegado al punto de destrucción de la división de poderes de Polonia o Hungría, pero hemos tomado esa pendiente». Flojera.