Alta traición

El Poder Judicial ha cumplido cinco años sin renovarse, entre alaridos del sanchismo por la presunta regresión constitucional que supone. Es curioso que en esto se presenten como custodios de la Constitución, con dramáticos golpes en el pecho, los mismos tragaldabas que se comen sin problemas el asalto a la Carta Magna perpetrado por Sánchez desde el minuto uno de su triste quinquenio, continuado en Suiza y coronado, si le dejan, con el derribo de la Monarquía Parlamentaria, el reconocimiento de la independencia del País Vasco y de Cataluña y la instauración de una República Federal por el artículo 33, según las nuevas leyes testiculares del reyezuelo en ejercicio.

La resistencia del Poder Judicial, que no se renueva porque el Parlamento no inicia el procedimiento y no porque los jueces se nieguen a renovarse, es en realidad un épico ejercicio de defensa democrática del puñado de magistrados, jueces y letrados españoles que se niegan a travestirse en Pumpido, Delgado, García Ortiz, Campo y todas las meretrices con toga del lupanar judicial que impulsa Sánchez para que le afinen sus atracos, reconocidos en la Ser en una de esas entrevistas que nunca concederá a quien quiera hacerle repreguntas.

El cacique de España, que está cometiendo en directo un acto de altísima traición por negociar en el extranjero la degradación de la democracia con un enemigo de ella, ha logrado invadir hasta el último rincón del Estado, situando en cada uno de ellos a un acólito con la desvergüenza de Patxi López, la falta de escrúpulos de Bolaños, la indecencia de Zapatero y las instrucciones de Sánchez, recibidas a su vez de Otegi, Junqueras y Puigdemont, además de la recua de comunistas, cantonalistas, folclóricos y haraganes que conforman eso de «Sumar», que es Podemos con más colonia.

Lo único que se ha opuesto, de verdad, es una parte del Poder Judicial, otra del Constitucional y casi todo el Tribunal Supremo, garantes a duras penas de un Estado de derecho maltratado por quienes, sencillamente, necesitan borrar las huellas de sus crímenes y devolverle a Puigdemont su cabeza de caballo con el botín exigido para mantener a su rehén en La Moncloa.

Para una democracia, mantener activas instituciones con mandatos caducados no es saludable. Pero peor que eso es permitir que se renueven sin respetar ni mejorar su cometido, avalando por miedo, debilidad y complejo que un poder sin escrúpulos las someta definitivamente a sus intereses.

Sánchez es una termita de la democracia que sueña con encerrar a la mitad de los españoles en una cárcel ideológica, trabaja para doblegar la autonomía de los contrapoderes y apuesta por imponer la «legalidad sanchista», con un único artículo: «Todo lo que Sánchez necesite será legal y todo lo que contradiga los planes de Sánchez se ilegalizará».

Hay que animar a los magistrados, quién lo iba a decir, a mantenerse en su posición de estricta observancia jurídica, pues de algo tan aparentemente obvio y rutinario depende el futuro inmediato del sistema democrático.

Si ellos caen, caerá el penúltimo muro de contención a un traidor sin paliativos que pretende hacernos ver que el peligro para España son los manifestantes pacíficos, las señoras que rezan, los jueces que resuelven, los partidos que se oponen y los periodistas que critican.

Y no sus andanzas en Suiza, extorsionado por una banda criminal y respaldado por otro peligro público, Zapatero, al que ya se le perdonaron sus propias traiciones, ruinas y abusos. Cuando llegue el día, es de esperar que España haya aprendido la lección y no vuelva a aplicarse el viejo aforismo de que, a enemigo que huye, puente de plata.

Luego acaban volviendo, se reencarnan y demuestran que toda indulgencia con ellos es un acto de negligente estupidez extrema.