¿Por qué no podemos llamar dictador a Sánchez?

Mi pregunta es capciosa, por supuesto. Va de comparaciones odiosas, va de manipulación del lenguaje y de ese dominio de las palabras que sigue teniendo la izquierda. Lo que le permite indignarse y protestar airadamente cuando alguien tilda de dictador a Pedro Sánchez, y, sin embargo, aplicar el término a los demás con toda la insolencia y desfachatez.

Hace pocas semanas, Alex Grijelmo, un periodista dedicado al análisis del lenguaje, escribió en El País un artículo titulado «Empanada de frases ultras», en el que arremetía contra los manifestantes de Ferraz y contra Isabel Díaz Ayuso por haber llamado dictador a Sánchez. Grijelmo recordó la definición académica de dictadura, incompatible con las definiciones de gobernantes de una democracia, y atribuyó el uso del calificativo a lo que consideraba la auténtica vocación de los manifestantes, que era, decía, montar una dictadura en España. Es decir, que Grijelmo zanjaba la cuestión llamando ultras y dictadores a los que llamaban dictador a Sánchez, todo muy progresista.

Pero he aquí que unos días después, otro articulista del autodenominado progresismo, José Ignacio Torreblanca, llamaba dictador a Viktor Orbán en su columna de El Mundo («El chantaje infinito del dictador Orbán»), y por si no quedara claro con el titular, también le llamaba «indecente tirano», «sanguijuela» y «tiranuelo lacayo de Putin». Y, por supuesto, con la aceptación general, porque es un escándalo llamar dictador a un líder de la izquierda, pero plenamente aceptable hacerlo con uno de la derecha, que con ellos ya no les importan las definiciones académicas. Y eso que el de derechas, Orbán, ganó por mayoría absoluta las últimas legislativas de Hungría en 2022, su cuarta victoria consecutiva, mientras que el nuestro, al que nadie llama sanguijuela ni tiranuelo, perdió las elecciones e hizo lo que todos sabemos para gobernar.

La Unión Europea ha abierto varios procesos contra la Hungría de Orbán por lo que considera ataques al Estado de derecho, a la libertad de expresión o a los derechos de las minorías. Y lo ha hecho mientras que, por ejemplo, en el País Vasco y Cataluña los derechos de al menos la mitad de la población han sido y son conculcados sistemáticamente desde hace décadas sin que a Europa parezca importarle demasiado. Tampoco la «limpieza étnica» que hemos sufrido los profesores no afines al nacionalismo, mientras que los impedimentos de Orbán a la universidad que quería montar Soros en Hungría han sido considerados una grandísima tragedia de la libertad de expresión.

Esta misma semana ha venido a Cataluña una delegación de la UE liderada por Dolors Montserrat, para conocer lo que está ocurriendo con la discriminación de los castellanohablantes en la educación. Y resulta que la izquierda del Parlamento Europeo ha boicoteado la delegación y no ha acudido. Porque nada quieren saber de los ataques al Estado de derecho en España, al menos mientras siga gobernada por un socialista, y menos les importa el nacionalismo xenófobo que impera en Cataluña y País Vasco, porque ese es progresista.

Este es el contexto cultural de una Europa en la que la izquierda sigue teniendo el dominio de las palabras, y donde el socialcomunismo español pretende lograr las bendiciones de la UE para saltarse el Estado de derecho, porque ellos, dicen, son progresistas.