Puchi señala el camino a Otegui

El 14 de abril de 1981 el director de una empresa de electrodomésticos, de 40 años, con dos hijos de 14 y 9, acabó su jornada laboral y regresaba a su casa en San Sebastián. Se llamaba José María Félix Latiegui, y cuando iba camino de su coche con un compañero de trabajo, un terrorista le descerrajó un tiro en la sien. Con la alimaña que disparó había colaborado una sujeta llamada Miren Aránzazu Carrera que, como buena etarra, participó en cuatro atentados más, entre ellos también en el que acabó con la vida de Enrique Cuesta. Al correr del tiempo, fue condenada a 20 años de cárcel, no solo por haber matado a inocentes sino por estragos, secuestro, detención ilegal y robo. Como premio a ese imbatible currículo, la individua fue obsequiada por el partido amigo de nuestro presidente, Bildu, incluyéndola en las listas municipales en 2019, donde consiguió acta de concejal por el municipio de Amezeketa, con la consiguiente nómina pública. Luego fue una de las 44 terroristas que entraron en las candidaturas del 28 de mayo, en plena luna de miel de su partido con el PSOE; ahí tuvo menos suerte y no se sentó en ningún Consistorio. Por ello, se buscó trabajo en el ámbito privado.

Así que mientras los proetarras disfrutaban viendo que un antiguo partido de Estado blanqueaba su repugnante pasado, la justicia seguía cumpliendo con su deber. A instancias de las víctimas, rastreaba las responsabilidades civiles derivadas del delito de terrorismo por las que esta etarra –entre otros compañeros del metal– no había respondido, pese a que cobró durante cuatro años un sueldo público como edil. ¿Y qué se encontraron? Que ahora recibía de una empresa un salario, que iba a su buchaca, sin abonar ni un euro de los que le reclamaban los tribunales en concepto de responsabilidad civil hacia los deudos de las personas a las que había mandado al cementerio.

Y es que, aunque no se lo crean, las requisitorias económicas que se incluyen en las sentencias por terrorismo no son automatismos, es decir, están al albur de que el preso sea lo suficientemente habilidoso para ocultar sus ingresos (muchas veces en negro), declarándose insolvente ante la ceguera calculada del Ministerio del Interior. Es penoso, pero tienen que ser las propias víctimas las que reclamen lo que les pertenece, dinero que en absoluto compensará jamás el atroz daño que se les ha infligido, pero sí coadyuvará a que el futuro de sus huérfanos sea un poco mejor. De nuevo les falla el mismo Estado que gasta ingentes cantidades de dinero en desenterrar fantasmas del pasado, que solo viven en las mentes enfermas del sanchismo (por ejemplo, en la de Patxi López), mientras la actualidad nos devuelve esta pintura al fresco de nuestra injusta e indigna realidad. Y es que ya lo dijo Tolstoi: es más fácil hacer leyes que gobernar.

La Audiencia Nacional es todavía (¿le suena, señor Marlaska?) una herramienta judicial imprescindible contra la vesania etarra. A esa instancia judicial se siguen acogiendo las familias de los que fueron asesinados por defender nuestra libertad. Ahora la Audiencia ha embargado la cuenta de esta asesina, para que deje de eludir su obligación legal mientras se ríe de todos con el aplauso de Pedro Sánchez.

Es un triunfo moral que llega muy tarde, pero bienvenido sea. A falta de que el Gobierno cumpla con su obligación, hay instituciones que no se miran el bolsillo para saber con cuántos votos cuentan para poder seguir disfrutando del cargo público. Hay altos funcionarios del Estado con dignidad y justicia, como reza el nombre de la asociación de víctimas que ha conseguido este hito moral, que nos reconforta a la mayoría de los españoles. Pero ahora toca perseverar: hay decenas de etarras que siguen choteándose de nosotros. Ni pagan a las víctimas, ni colaboran con la justicia y encima los sentamos en poltronas públicas desde donde, tras cobrarse Pamplona, pronto preguntarán a Su Sanchidad aquello de ¿qué hay de lo mío? Puigdemont ha señalado el camino a Otegui.