Letra muerta

Para salvar la cara y sus decretos, los desesperados socialistas han pasado a pagar a los supremacistas catalanes con concesiones de lo que no puede disponerse: la no suspensión del procedimiento donde se plantee una cuestión prejudicial ante la Justicia europea, por un lado, y la competencia en inmigración, por otro. Ni lo uno ni lo otro está en manos de Sánchez; ni puede evitar aquella suspensión ni puede transferir esta competencia. Se dirá, con razón, que el felón se ha hartado de cometer y prometer ilegalidades. Ahí está la peor: el compromiso de la amnistía. Una figura que –¡sorpresa!– no podrá ajustarse a los tiempos y maneras que exige Puigdemont, una vez se ha comprobado que la suspensión de los procedimientos donde se plantee una cuestión prejudicial al TJUE equivale para los golpistas a un incumplimiento.

Entre las múltiples concesiones irregulares del postrado Sánchez, hay que distinguir entre las que pueden materializarse y las que no. Por ejemplo, el día que el autócrata, por alargar un poco más esta legislatura, que se le presenta agónica, transija con un referéndum de autodeterminación (bajo el imaginativo nombre que se les ocurra a él y a sus delincuenciales socios), la votación podrá llevarse a cabo porque ni la UE va a impedirlo, ni un TC capitaneado por el soldado Pumpido tendrá ningún problema a la hora de violar el fundamento de la Constitución, la indisoluble unidad de la nación española. Si embargo, las últimas cesiones al separatismo, el pago de Sánchez a cambio de salir más o menos airoso en el último pleno parlamentario, además de chocar con las leyes, resultan imposibles de materializar. La primera porque, diga lo que diga la brigada de magistrados entregados al uso alternativo del Derecho, se impondrá el Estatuto del TJUE, cuyo artículo 23 entiende como pasos inseparables la suspensión del procedimiento y el sometimiento de la cuestión prejudicial. La primera es previa al segundo, y no concibe el Estatuto del TJUE –pues contraviene toda lógica jurídica– lo segundo sin lo primero: «…la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto a Tribunal…» Así que esa renuncia sanchista no vale nada.

En cuanto a transferir la competencia de inmigración, tampoco es posible, ni legal ni materialmente. En lo legal, la Constitución considera competencias exclusivas del Estado «Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» (149.1.2ª). Y aquí no cabe recurrir el agujero negro del artículo 150.2, por el que se vienen transfiriendo y delegando «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal», puesto que tales facultades tienen que ser «por su propia naturaleza […] susceptibles de transferencia o delegación». Que la inmigración no lo es lo reconocen incluso los juristas socialistas aseados, pese a su apego al constructivismo jurídico. La inmigración no es solo una materia «de Estado», intransferible e indelegable; hoy, en Europa, es la materia de Estado por excelencia. Ella va a decidir la presidencia de Francia, sin ir más lejos. Sánchez trafica ya con papel mojado, letra muerta.