Y colorín colorado...

En la arcadia que Pedro va a regalar a Carles todo tiene que estar atado y bien atado. No puede quedar un solo resquicio para el imperio de la ley. La casta política catalana ha de tener las manos libres y el certificado de penales limpio para poder hacerlo de nuevo: ho tornarem a fer. Así que nos asomamos a un nuevo sistema, más bien a un paraíso en vida para los separatistas. Y a un marco mental que deje claro que, si los soberanistas hicieron algo contra España, es que España –esa metrópoli represora– se lo merecía. Y ahora ha llegado Pere, para volar la arquitectura legal de nuestra democracia. Pasen y lean lo que va a ocurrir en los próximos meses:

A Carles Puigdemont se le exonerará de los graves delitos cometidos, algunos por corrupción y quizá por terrorismo, mientras el Tribunal Europeo se llevará las manos a la cabeza y el Gobierno de Sánchez intentará burlar la suspensión de la cuestión prejudicial que presentará el Supremo. Si consuma la prevaricación, la Comisión de Úrsula tendrá que emprender acciones legales contra el Gobierno de España. Pero Carles, mientras tanto, dará una vuelta de tuerca más a la humillación del Estado y quién sabe si podrá volver a la republiqueta y reírse, si consigue no ir a la trena, en nuestras barbas.

A la delincuente Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por regalar dinero público a un amiguete, se le limpiará el expediente delincuencial al incluirse su caso en la «guerra sucia policial» contra el independentismo. Que trincara fondos públicos es lo de menos; ella es víctima de operaciones estatales artificiosas, según el relato vergonzosamente comprado por el PSOE. Si malversó dinero era por la causa. Como José Lluís Alay, jefe de la oficina de Puchi en Bélgica, que gastó fondos de todos en un referéndum, pero lo hizo por el bien de los catalanes. También saldrá limpio de polvo y paja otro patriota catalán, este de Viña del Mar, llamado Gonzalo Boye, que tiene en su currículum una acusación por blanquear fondos del narcotráfico. Pero todo sea para que Boye, que secuestró en nombre de ETA, siga representando sin mácula legal a acreditados hombres de bien como sus excompañeros terroristas, a Sito Miñanco y, claro, al mártir de Waterloo.

Al exrecluso Oriol Junqueras también se le anulará la inhabilitación que traía aparejada su condena por malversación. Tras ser indultado, cómo era posible mantener sobre él una prohibición de presentarse a cargo público, teniendo en cuenta que todo lo que hizo fue por liberar al sojuzgado pueblo catalán. Como Marta Rovira, otra heroína catalana, ella tan comprometida con la causa pacífica del separatismo que dirigió, según las fuerzas de seguridad, todas las operaciones del Tsunami Democràtic, que se dedicó a sembrar de terror las calles de Barcelona, a bloquear sus carreteras o a asaltar las pistas del aeropuerto de El Prat. Para ello, el terrorismo también será amnistiado y nuestra Marta, huida a un país de acendrada economía comunista como Suiza, volverá a pasearse por Pedralbes.

A los benéficos ciudadanos que hostigaron a la niña de Canet por reclamar educación en castellano se les premiará haciendo desaparecer las causas judiciales abiertas contra ellos. El acoso a una menor y la vulneración de los más elementales derechos a una familia serán eliminados de nuestro ordenamiento jurídico porque no eran más que batallas judiciales contra unas pobres gentes que están en su derecho de marcar con la letra escarlata a una niña que quiere aprender en su idioma materno.

Y, para terminar, la traca final. La organización criminal, tal y como la justicia calificó a la familia Pujol, también será amnistiada. La fórmula es bien sencilla: se adelanta dos meses la fecha de cobertura de la ley de impunidad, de enero de 2012 a noviembre de 2011, para exonerar a organizadores de la consulta ilegal de noviembre de 2014, en la que participaron tres de los hijos del viejo Pujol, que se verían también eximidos de responsabilidades penales. Un pago al padre putativo de todo este delirio.

Y una vez atados de pies y manos los jueces, la policía y las instituciones públicas frente a los que el Estado de derecho determinó que eran un atajo de delincuentes malversadores, pues Sánchez podrá estar otro ratito más en Moncloa, los indepes, tomarse un buen suquet de peix a nuestra salud, y colorín colorado. En el mejor de los casos.