Un Gobierno cómplice de las mafias de inmigrantes

Éste es el tercer o cuarto artículo que escribo sobre el centro de inmigrantes montado por el Gobierno de España en Alcalá de Henares, donde se apiñan, a escasos 40 metros de mi casa, alrededor de 1.300 personas procedentes del África subsahariana, principalmente de Senegal, y del Magreb, con mayoría de marroquíes y de argelinos.

La reiteración es premeditada: no quería tener las respuestas antes de conocer siquiera las preguntas, ni que se amontonaran los prejuicios despectivos o indulgentes antes de conocer la realidad, como tantos hacen en ambos sentidos. Unos dan por hecho que los inmigrantes son necesariamente un foco de delincuencia y un peligro para los valores, los derechos y el civismo que rigen la convivencia en Occidente.

Y otros, con el mismo aprecio por los hechos, los presentan como seres de luz, criaturas indefensas que huyen del infierno para implantar el bien desde una especie de bondad beatífica que solo los racistas denigran.

Ha pasado casi un mes desde el primer acercamiento, lo que ya permite establecer algunas conclusiones provisionales. La primera es obvia: no hay mujeres ni personas mayores; todos son chavales de entre 18 y 25 años, con un aspecto saludable y muy parecidos, estéticamente, a otros de su edad de aquí. Les gusta la misma ropa, llevan los mismos móviles, disfrutan de salir en grupo y, cuando pueden, se apiñan en los bares y estancos de la zona a consumir los productos típicos de su generación.

La segunda es también evidente, salvo para los ciegos, los demagogos y los ignorantes: no tiene ningún sentido deportar desde Canarias a miles de jóvenes fuertes y sanos a la península para, una vez llegados aquí, no tener ningún plan para ellos, más allá de darles una ayuda mensual, mucho tiempo libre, y cama y cantina.

Sus papeles son un mero registro de una ONG donde figuran su nombre, edad y país de procedencia, válido a efectos de registro en el campamento instalado en la Brigada Paracaidista pero inútil para lograr permisos de trabajo o residencia.

La pregunta es obvia: ¿qué hacen las personas que, por edad y condición, deberían ser quienes sacaran adelante sus países, de vacaciones en Alcalá de Henares, con un gasto desconocido pero inmenso que costean los contribuyentes, sin otro plan diario que ver pasar las horas dando paseos por el barrio?

No hace falta criminalizar a nadie, salvo el que lo merezca por su comportamiento, para denunciar el despropósito: el Gobierno está «solucionando» la presión migratoria sobre Canarias, a cambio muy probablemente del apoyo parlamentario de Coalición Canaria, por el incompetente método de desplazarlo a otros puntos de España, sin un plan que contemple las medidas mínimas imprescindibles para favorecer la integración que, no lo duden, muchos quieren desesperadamente.

Luego hay, y habrá, episodios de violencia internos en el campamento, fruto de la masificación y de la convivencia forzada entre comunidades tan enfrentadas ya en origen como la argelina y la marroquí o cualquiera de ambas con la senegalesa. Y también fuera, con puntuales pero gravísimas denuncias por agresión sexual y peleas públicas entre distintas facciones raciales y religiosas.

Esto no hay que minimizarlo, pero tampoco convertirlo en la norma: les aseguro que, cuando hablas con los chavales de Senegal, Ghana o Mali, lo que más desean es ponerse a trabajar y enviar dinero a casa.

No hace falta estigmatizarlos a todos ni, tampoco, indultar a los que sí cometan excesos por temor a que te acusen de xenofobia: hay lo que hay y los hechos son los que son. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿qué hacen aquí y cuál es el plan del Gobierno?

No lo sabemos, quizá porque no lo sabe ni Pedro Sánchez ni los ejecutores de esta pifia. Pero sí sabemos algo: Coalición Canaria lleva semanas votando junto al PSOE, coincidiendo casualmente con la salida masiva de inmigrantes de allí en decenas de vuelos con rumbo a la península.

Y sabemos algo más: lejos de ser esto un acto humanitario, es un repugnante ejercicio de complicidad con las mafias de inmigrantes africanas. Gracias al Gobierno de Sánchez, venden mejor su producto: un billete para salir en barco de sus países y llegar a unas millas de España, donde rematarán la travesía en un cayuco en el que nunca hubieran llegado si ésa hubiese sido la embarcación real de todo el viaje.

Los que no tienen dinero para el billete y aún así lo intentan en un chalupa, se ahogan en el camino, lo que explica el aumento de la mortalidad en las aguas atlánticas.

Llegamos así al final: el Gobierno está estimulando un efecto llamada tristísimo, que unas veces acaba en puerto y otras en el fondo del mar. Y también está favoreciendo el negocio de la trata de seres humanos, a los que luego se deja tirados en un cuartel sin otra expectativa que la huida, la frustración, la clandestinidad, la explotación o el delito.

Y la última consecuencia también es evidente: estimula el temor a los nuevos vecinos, que nace más de la incomprensión a una medida gubernamental absurda que de la xenofobia (Alcalá convive desde hace lustros con miles de rumanos y de polacos perfectamente integrados) y la impunidad para quienes, al verse aquí y sin nada que hacer, matan moscas con el rabo, como cuando el diablo se aburre.

Nadie ha ganado, todos salen perdiendo. Y de todo ello es culpable Pedro Sánchez, socio de las mafias de inmigrantes y burdo manipulador de causas sagradas para sacar, una vez más, un efímero beneficio personal.