La xenofobia del ministro Grande-Marlaska
El problema llega con los derechos que tienen esas personas y que no tenemos los españoles. Porque a un ciudadano español no se le da ningún beneficio como resultado de perpetrar una ilegalidad, pero a un inmigrante ilegal sí
Me desconcierta la suavidad con que han tratado la mayoría de los medios de comunicación la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha establecido la ilegalidad de la expulsión en caliente de múltiples menores de edad que entraron ilegalmente en Ceuta el 17 de mayo de 2021. El Supremo considera que hay una violación clara de la Ley de Extranjería que requiere un procedimiento administrativo individual, información específica sobre la situación de cada uno, audiencia del que puede ser expulsado e intervención del fiscal de menores. Huelga decir que nada de esto sucedió.
No puedo ocultar que a mí me parece que el problema está en esta ley de extranjería que protege a los que entran ilegalmente en España para desamparo de los que estamos ya dentro y que supuestamente deberíamos tener más derechos que los que llegan ilegalmente. Pero en España este problema se arrastra desde hace tiempo. La evidencia palmaria la tuvimos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando los saltos multitudinarios de la valla de Melilla. Entonces fuimos noticia mundial por ser el único país del mundo en el que los que entraban ilegalmente iban corriendo a lo que daban de sí sus piernas a entregarse en la comisaría de policía. Tales eran los derechos que se les dio.
El mundo afortunadamente ha evolucionado. Siglos atrás si se hubiera visto en el Mediterráneo embarcaciones con africanos que venían con el propósito de asentarse en España, nuestra armada hubiera hundido los barcos. Sin más. La vida hoy tiene un valor superior y si un buque de guerra ve una patera, la rescata, no la hunde. Afortunadamente. El problema llega después con los derechos que tienen esas personas y que no tenemos los españoles. Porque a un ciudadano español no se le da ningún beneficio como resultado de perpetrar una ilegalidad, pero a un inmigrante ilegal sí. El mundo al revés.
Pero lo que más me pasma de esta sentencia es la caridad de los medios con el ministro Grande-Marlaska. Si esta sentencia se la hubieran aplicado a un ministro del Interior del Partido Popular habría una inmensa tormenta mediática acusando al ministro y a todo el gobierno de xenofobia y racismo, de proceder fascista y todo tipo de lindeces parejas. Pero si el que lo hace es un ministro socialista, la crítica por xenofobia se evapora como el alcohol. Sólo se puede acusar de racismo a un partido de derechas. Y no digamos lo que hubiera ocurrido si ese ministro llega a ser de Vox. Esto sería el acabose.
En España prima una doble moral que aplica distinta vara de medir según a quién haya que juzgar. Y dentro de la degradación de nuestra democracia, una buena parte de la culpa la tiene mi gremio profesional, el de los periodistas.