En blanco

La ley de amnistía decayó en enero al ser rechazada por mayoría absoluta del Congreso (179 noes). En una flagrante irregularidad jamás antes cometida, Armengol la devolvió a la Comisión de Justicia, algo contrario al Reglamento de la cámara (con fuerza de ley orgánica) y a la costumbre parlamentaria. La Mesa del Congreso avaló la aberración. Sabíamos que Armengol trabajaba para Sánchez, pisoteando la división de poderes. Luego hemos conocido su injustificable conducta cuando los carroñeros aprovecharon la pandemia para enriquecerse. ¿Por qué compró mascarillas defectuosas a la trama de Koldo? ¿Por qué desoyó las denuncias durante años? ¿Por qué se volvió virtuosa súbitamente al perder la presidencia balear, dejándole una bomba fétida a su sucesora? ¿Por qué en su comparecencia para aclarar estos extremos no solo no aclaró nada sino que arrojó tinta de calamar?

A Page no pudieron hacerle la pirula porque la falta de fiabilidad de la empresa pantalla y del producto que vendía eran fáciles de verificar. Pero Armengol, Ábalos, Illa, Torres y Marlaska nos deben explicaciones. También Sánchez y su esposa por la morterada de millones que regalaron a Air Europa. Es digno de estudio cómo el sanchismo ha lanzado su ataque a la legalidad en dos frentes: el de la corrupción política, con un autogolpe que deroga de facto la Constitución; el de una corrupción económica levantada sobre el miedo, la enfermedad, la muerte y el cercenamiento de libertades. Sin respeto a la ley estamos perdidos, sin ley no hay nada. Ni confianza, ni inversiones, ni prosperidad, ni la seguridad jurídica mínima que sustenta el normal funcionamiento de la sociedad. Lo peor es que la ostentosa y sistemática desigualdad ante la ley también amenaza la convivencia.

Si los políticos que apoyan a Sánchez obtienen impunidad, solo la voluntad de los súbditos españoles (ya no ciudadanos), privados de su condición de libres e iguales, prolonga el acatamiento de un ordenamiento jurídico trucado. Por fortuna los españoles de a pie queremos convivir. Pero nuestros representantes, por una exigua mayoría, explotan el antagonismo, legitimación sentimental de sus políticas. Presentan a la oposición como una banda de enemigos indeseables mientras proceden al cambio de régimen.

El Gobierno tiene legitimidad de origen, pero ha perdido la legitimidad de ejercicio. Lo peor que se puede hacer mientras la Constitución no valga nada en España, mientras la violen y retuerzan a conveniencia el autócrata y sus socios, es simular que tenemos un Gobierno normal, legítimo y democrático… solo porque la verdad resulte escalofriante. Sin un análisis certero de las amenazas, podemos darnos por perdidos. No hay nada que negociar en Bruselas con Bolaños, nada que tramitar en el Senado cuando llegue la (decaída) ley de amnistía, pues exige reforma constitucional. ¿Podrían mantenerse firmes hasta que los jueces europeos se pronuncien sobre la norma, clave de bóveda del nuevo régimen? ¿Aguantará el PP un año largo sin pactar con el PSOE? ¿Un mes? Ya sé que no. Pero debería hacerlo mientras la Constitución no valga nada.