El novio de Ayuso y la mujer de Sánchez

Solo en las Repúblicas Bananeras la Justicia, la Policía y el fisco están a las órdenes del Gobierno que las utiliza como herramientas de represión de la disidencia en cualquier ámbito. Con ellas se les da apariencia de legalidad a vulgares represalias contra rivales políticos, periodistas, intelectuales y activistas que, simplemente, discuten al poder y pagan por ello un alto precio.

Pensamos siempre en países de viejos regímenes enterrados por la historia, allá al otro lado del telón de acero, o en latitudes caribeñas de nuestro tiempo. Pero desechamos la posibilidad de que algo así suceda en nuestra propia casa, un adosado del mayor espacio de derechos y libertades que se supone es la Unión Europea.

Y sin embargo, con Sánchez, esto ya ocurre desde hace tiempo. En la Justicia es muy evidente: nombró fiscal general del Estado a su ministra del ramo, Dolores Delgado. Impulsó leyes caciquiles para cambiar manu militari las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el Poder Judicial, adaptándola a la que sumaban el PSOE y Podemos. Y, entre otras tropelías, asaltó el Tribunal Constitucional para controlarlo con la tropa de militantes, asesores y ministros del PSOE obedientes y dispuestos a blanquear, con un falso marchamo de constitucionalidad, las fechorías perpetradas en pago del impuesto revolucionario girado por Puigdemont.

También con la Policía el monstruo ha asomado la patita, en forma de dureza contra los manifestantes de Ferraz, tan hiperventilados como inofensivos; y de laxitud ante los forofos de ETA, volcados en homenajear públicamente a los chicos del tiro en la nuca o en celebrar aquelarres ostentosos para expulsar del terruño a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Con una Justicia y una policía de partido, aún en pie gracias a la decencia de tantos miembros de ambos servicios públicos resistentes al ordeno y mando, solo faltaba la Agencia Tributaria para cerrar el círculo.

Y la obscena cacería del novio de Ayuso, que ni tiene cargo público ni se ha beneficiado del cargo de su pareja, parece haber completado el parque temático de la satrapía que Sánchez ha venido impulsando desde 2018.

Revelar datos fiscales de un ciudadano es inaceptable. Y utilizar a la Fiscalía de Madrid, encabezada por una subordinada de Zapatero ascendida al puesto por el Consejo de Ministros de Sánchez, para acosar a un adversario político, un escándalo.

El desajuste entre los impuestos liquidados por un pequeño empresario y la cifra que la Agencia Tributaria considera oportuna se resuelve en privado con una declaración paralela, un recargo llegado el caso e incluso una sanción. No con una investigación criminal forzada artificialmente para fabricar un caso que pueda airear, con su habitual disposición, algún representante de la Selección Nacional de Opinión Sincronizada.

Solo en Cuba, Venezuela o la antigua URSS el poder se comporta como lo ejerce Sánchez, que tiene materia mucho mejor para adentrarse en ámbitos familiares: mientras perpetra el enésimo ataque a Ayuso, tiene pendiente de responder por qué le firmó un cheque de mil millones a las empresas que, vaya casualidad, previamente mantuvieron tratos comerciales con su esposa.

Todo lo demás es una burda cortina de humo para vengarse del señalamiento de la ínclita Begoña Gómez y despistar al personal del crimen que él está cometiendo: amnistiar a traidores, terroristas y malversadores para comprarse la Presidencia.

Que es el mayor caso de corrupción de la historia. Y no hay Ayuso que tape ese hedor a sentina sin fondo.