Saben todo de todos

A la hora de pagar, Hacienda somos todos. A la de decidir acerca de la administración de esos dineros, ya no somos nadie. Los ministros hacen y deshacen –se supone, aunque sea mucho suponer– en razón del interés general y en la medida de sus promesas electorales. Sin embargo, aunque la gestión de los caudales públicos les otorgue un poder incalculable, es la posesión de información sensible sobre todos y cada uno de nosotros la que hace a los titulares de esta cartera casi intocables. En la teoría, entre la Agencia Tributaria y el Ministerio tendría que imponerse una muralla china de silencios. En la práctica, es tan complicado demostrar una filtración y la eventual sanción sale tan barata, que pocos se han sustraído a la tentación de usar expedientes particulares en beneficio propio o del partido y el presidente que les garantizan la poltrona.

Sonado fue el escándalo que organizó la Faraona, pidiendo una peseta a cada español, cuando la Agencia Tributaria le amenazó con la cárcel si no saldaba sus deudas con el fisco. La inimitable Lola Flores era el mejor trampantojo en los telediarios para tapar las vergüenzas de los GAL y la corrupción que acabó sacando al Felipismo de la Moncloa. Ya en la oposición, siguieron usando la base de datos del fisco para deshacerse de Josep Borrell. La sospecha, anunciada en la prensa de la mañana, de que dos de sus colaboradores en Hacienda habían cometido fraude –sólo uno acabó condenado– finiquitó sus aspiraciones de erigirse en presidente del Gobierno, a pesar de haber ganado las primarias y de que el periódico dejaba bien claro que nada tenía que ver con aquello.

En los tiempos de Zapatero, fue Elena Salgado la que usó convenientemente el caudal de información de la Agencia Tributaria para evitar problemas a su patrón con uno de los pocos presidentes de empresa que se prestaban a hacerse la foto a su lado en campañas electorales. Las televisiones amigas, que primero negaron la crisis y, posteriormente, organizaron un proceso inquisitorial a todo aquel que tuviera cuentas en paraísos fiscales, habían detectado cuentas sin declarar de los Botín. El aviso a tiempo de la vicepresidenta les permitió hacer una declaración paralela voluntaria que les eximió de cualquier investigación penal. Del mismo beneficio se valió Juan Carlos Monedero, que regularizó las facturas cobradas en el Caribe tras el conveniente aviso de Cristóbal Montoro en los pasillos del Congreso. El ministro de Rajoy no tuvo la misma piedad con su compañero de filas, José Manuel Soria.

Si con Montoro, declarando presunto culpable a cada contribuyente con sus cartas amenazantes y señalando públicamente a colectivos profesionales desde el parlamento, Hacienda dio un salto cualitativo, con Montero se han perdido ya todas las cautelas y vergüenzas. Filtrar las acusaciones de la Agencia Tributaria contra un ciudadano particular, con nombres y apellidos, sólo por el hecho de que mantenga una relación sentimental con un cargo público de la oposición resulta gravísimo, intolerable. Da miedo. Sus declaraciones en los pasillos del Senado prueban que la vicepresidenta, si no ha sido la autora del chivatazo a la web del amigo, al menos estaba al tanto de lo que iba a aparecer publicado horas después.

Si la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha declarado presuntas facturas falsas, tendrá que pagar la pena correspondiente, como cualquier otro ciudadano, salvo que sea amigo de Puigdemont. El juez dirimirá. Pero nos hará un favor a todos, votantes de izquierdas o derechas, si, por el camino, acaba con la tentación de cualquier otro ministro de usar la información privada de cualquier contribuyente en beneficio propio denunciando a la titular de Hacienda ante los tribunales y la Agencia de Protección de Datos. Porque Hacienda somos todos, no es el chiringuito particular de María Jesús Montero ni de ningún otro para señalar y amedrentar a todo aquel particular que no comulga con su Gobierno.