El delirio de las cárceles catalanas

En 1983 la tontolaba democracia española le transfirió la competencia de prisiones a Cataluña. Acababa de llegar Felipe González y había que tener engrasada la máquina nacionalista de Pujol, un maestro en canjear sus votos en el Congreso por dinero –mucho terminó en su bolsillo y el de su prole– y mayor poder. Se le dio también una policía autonómica y la competencia sobre tráfico, como al País Vasco y a Navarra. El corrupto Jordi y sus herederos consiguieron en total 189 atribuciones del Estado, graciosamente transferidas a partes iguales y con el mismo entusiasmo por PP y PSOE. Así que los nacionalistas se apresuraron a invertir mucho dinero en funcionarios y tener así todo el control de las nueve cárceles catalanas.

En tiempos de Albert Rivera, su partido pidió recuperar el control de las prisiones catalanas, maliciándose que los Torra, Aragonés y compañía usarían su discrecionalidad para beneficiar a «sus» presos, como así ocurrió cuando el golpe de Estado perpetrado en 2017 llevó a chirona a Oriol Junqueras y sus compinches sentenciados por el Supremo. En efecto, el paso de los condenados por la trena de Lledoners fue lo más dulce posible con la esperanza de que Pedro Sánchez los indultara lo antes posible, como así fue. Pero antes de que Marlaska les abriera definitivamente las puertas de las celdas, los héroes del golpe disfrutaron de beneficios penitenciarios que no se aplicaban al resto de reclusos. Un spa en agradecimiento por haber vulnerado la Constitución.

Al correr del tiempo se descubrió que los separatistas solo buscaban más jurisdicción para conspirar contra el Estado y desposeer a este de su arquitectura jurídica. Cada vez que han tenido que gestionar los servicios públicos han demostrado ser unos auténticos zotes: Artur Mas se lució con los recortes durante la crisis, sus sucesores han llevado a la Comunidad catalana a unos pésimos resultados en el informe Pisa sobre educación, ciudades como Barcelona –con el concurso inestimable de una indepe, como es Ada Colau, que va de progre– son un estercolero de basura e inseguridad, el problema de la sequía generará restricciones de agua, la policía autónoma es una de las que más denuncias acumula por mala praxis, por no hablar de su entreguismo al procés el día 1 de octubre de 2017, y para culminar la gran obra, ahora tienen encerrados en sus celdas a 5.500 internos porque los funcionarios de prisiones se les han puesto en huelga por la negligencia dolosa del Gobierno de Aragonès de haber permitido que un interno con antecedentes por asesinato compartiera espacio y material peligroso con una cocinera, a la que acabó asesinando. La mala bestia, que terminó suicidándose, trabajaba con cuchillos después de haber sido condenado a 11 años de prisión por matar a otra mujer con arma blanca. Ni hecho a propósito.

Los servicios públicos no funcionan en Cataluña y, sin embargo, solo se habla de la sanidad madrileña. Aragonés tiene día sí y día también a cientos de médicos, maestros y taxistas protestando en las calles. La atención primaria es un desastre, con sobrecarga asistencial y condiciones laborales y retributivas insuficientes. Los maestros están desfondados mientras las clases dirigentes preparan ya otro procés «mejor hecho», como anunció Turull el fin de semana pasado. Al grito de «España nos roba», nada funciona en una comunidad autónoma donde sus gobernantes solo gastan dinero en el delirio separatista, mientras se orillan los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y todo ante la connivencia culposa de las nefastas élites catalanas.

Por eso ayer el presidente de la Generalitat pidió a Pedro Sánchez un cupo a la catalana para gestionar todos los impuestos, romper la caja única y duplicar sus ingresos. Que no pare la fiesta para seguir viviendo del independentismo mientras ya no hay ni personal para vigilar las cárceles. Bien es verdad que, si Sánchez sigue rumboso para mantenerse en el poder, al final va a haber más delincuentes en las calles de Cataluña que entre rejas.