La Constitución triturada

Esta columna ofrece una lista, en absoluto exhaustiva, de preceptos constitucionales violados por el sanchismo sin que, de momento, haya podido impedir la rápida degradación de España ningún poder u órgano del Estado. La naturaleza y cantidad de las violaciones revelan no solo la falta de escrúpulos del jefe de Gobierno sino, sobre todo, el precipitado advenimiento de un nuevo régimen que convierte la cima del ordenamiento en papel mojado.

El Estado de derecho del artículo 1 cae burlado por la expansión de un Ejecutivo que promete impunidad a sus socios. Si algo define al sanchismo es la sistemática pérdida de vigor de los «valores superiores», contemplados en el mismo artículo: la libertad (imposible sin seguridad jurídica y bajo la arbitrariedad por sistema), la justicia (invadida por el TC de Pumpido, que usurpa funciones del TS, y oscurecida por la coacción y los insultos a los jueces), la igualdad (incompatible con la confederación asimétrica en marcha y con la amnistía) y el pluralismo político (no lo habrá con un muro que impide la alternancia).

La indisoluble unidad de la nación española (artículo 2) proscribe cualquier referéndum de autodeterminación. La condición del castellano como lengua oficial del Estado (artículo 3) no casa con la erradicación de la lengua común en la escuela y en las administraciones públicas allí donde hay otra lengua oficial. Se conculca a diario en centenares de municipios de España el artículo 4, que establece el uso de la bandera de España junto a las banderas autonómicas en edificios públicos y actos oficiales. El artículo 6 obliga a que la estructura interna y funcionamiento de los partidos sean democráticos. En fin.

Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico según el artículo 9. Pero si un socio de Sánchez infringe el Código Penal, este principio, sin el cual solo hay dictadura, se burlará utilizando a la Fiscalía y, si esta falla, con medidas de gracia arbitrarias, alguna a su vez inconstitucional, como la amnistía. La seguridad jurídica, del mismo artículo, está desaparecido. En Cataluña no existe.

Siguiendo con el artículo 9, se establece la jerarquía normativa. El sanchismo consiste en la contravención sistemática de ese principio: las decisiones por mayoría absoluta en el Parlamento eximen de la obtención de mayorías reforzadas. De nuevo, la amnistía es una reforma constitucional de facto, sin cumplir con los requisitos agravados. Para terminar con el arrasado artículo 9, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no permitía indultar a golpistas que anunciaban reincidencia.

La igualdad ante la ley del artículo 14 la han liquidado los privilegios territoriales y la rematará la amnistía. La libertad de expresión del artículo 20 la viene persiguiendo Sánchez desde que llegó descabezando a un diario, luego puso a las autoridades a vigilar las críticas al Gobierno en la pandemia, y hoy se mofa de ella Patxi López en sus ruedas de prensa. El artículo 27 lo han violado todos los Gobiernos desde hace más de treinta años: es el que encarga a los poderes públicos inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Y solo hemos repasado el Título Preliminar y el Título I. Lo siguiente no mejora.