La eutanasia de José Díaz

La práctica totalidad de las televisiones de España han presentado como una historia conmovedora, humanitaria y entrañable la eutanasia perpetrada en Huelva a un chaval de 33 años, José Díaz, que según su familia llevaba año y medio luchando legalmente para que se la practicaran.

Ya de entrada sorprende que se le reconozca la capacidad de pelear a brazo partido contra la Administración y, al mismo tiempo, se apele a su incapacidad permanente como causa legitimadora del suicidio asistido por el Estado, que no deja de ser una variante de la pena de muerte con el matiz, no menor, de que la víctima la reclama.

Cambia sin duda la naturaleza de la ejecución, pero sigue siendo una pena capital en la que el Estado asume la condición de verdugo y conculca el principal argumento de quienes nos oponemos a ella: quizá haya gente que merezca morir, por no andar con remilgos, y sin duda la hay que no desea vivir; pero nosotros no somos quienes para matarlos.

La confusión entre la eutanasia y los cuidados paliativos está en la base de la aceptación general a una ley más de este Gobierno que considera progresista acabar con la vida en determinadas circunstancias y consagra el inexistente «derecho a morir» en el catálogo de prestaciones médicas de la cartera publica de servicios.

Díaz presentaba un cuadro médico horroroso, sin duda, con las condiciones muy mermadas para desarrollar lo que convencionalmente consideramos una «vida normal». Pero no tenía una enfermedad terminal ni un horizonte mortuorio inminente: podía haber vivido años, lustros o décadas; de no existir una ley que responde a la falta de ganas de vivir con una invitación a morir rápido.

Cuando la vida se va a acabar, a cortísimo plazo, sin esperanza de curación y entre formidables padecimientos; no tiene sentido prolongarla artificialmente gracias a los avances científicos y tecnológicos: lo natural ahí es ayudar a morir sin sufrimiento. Eso son los cuidados paliativos y, probablemente, eso es lo que la sociedad española defiende y reclama cuando respalda la eutanasia, que es otra cosa bien diferente.

Y lo que debería crear al menos una duda a quienes, con buena intención, se lanzan a respaldar un engendro legal que falla en los tiempos y en el concepto: el último recurso no puede ser el primero en una sociedad decente, que debe ser capaz de generar respuestas para que todo ser humano encuentre razones para vivir cuando la muerte no es segura.

Y tampoco puede aceptar sin más el «derecho a morir», que una vez aprobado termina saltándose la casuística prevista inicialmente para extenderse a todas.

¿O acaso, si se acepta que todo ser humano puede decidir cuándo acabar con su vida en determinadas circunstancias, no se abre el camino para que la voluntad sea suficiente, sin tener que argumentar el porqué, y la depresión, la vejez, la soledad o el desamor acaben siendo suficiente para recibir una inyección en el hospital más cercano?

El Estado, y la sociedad a la que se debe, han de encontrar y ofrecer herramientas, razones, recursos y encargos para que nadie que no esté a punto de morir de verdad quiera morirse y nadie que pueda dar vida quiera interrumpirla.

Saltarse esos pasos y acudir directamente al último de ellos, que solo tiene sentido cuando las alternativas son prolongar con artificios una vida ya agotada o dejar que la bilogía haga su trabajo con la menor agonía posible, es indecente.

Nunca sabremos ya si José Díaz hubiera encontrado una razón para vivir si su ejemplo de tesón hubiera temido un recorrido público aleccionador en institutos, medios de comunicación y foros sociales en general y si su familia hubiese tenido los recursos económicos para sobrellevar la evidente carga con más ayuda y comprensión.

Lo que sí sabemos es que, cuando decidió morir, nadie le intentó convencer de que merecía la pena vivir, pese a todo. Lo llaman «muerte digna», pero no deja de ser una inducción al suicidio inhumana, nihilista e inmoral.