Por una defensa con criterio

Europa sufre un ataque de ansiedad. Ha descubierto que su seguridad está amenazada, que la guerra de Ucrania puede extenderse por no haber dotado a este país de las capacidades necesarias para contener o derrotar a Rusia. Tras años de vivir en el ensueño posmoderno, creyendo que tenía la paz asegurada, ahora despierta descubriendo que no dispone ni de la industria ni de las capacidades apropiadas para defenderse. Deprisa y corriendo tiene que reconstruir sus fuerzas armadas e, incluso, restablecer el servicio militar y reformar en profundidad la reserva.

Bien está dejar atrás los ensueños postmodernos y asumir la realidad tal cual es, sin exageraciones ni paños calientes. Sin embargo, eso no es suficiente. Lo más urgente es disponer del más escaso de todos los bienes: el criterio. En toda Europa, incluso en la España de Pedro Sánchez y de su mayoría Frankenstein, se habla de cumplir ¡por fin! el veterano compromiso de elevar el presupuesto de defensa al equivalente al 2 por ciento del PIB. No es mala idea. Sin embargo, ¿de qué vale disponer de esa cantidad si no sabemos cómo gastarla? Recientemente Alemania se ha encontrado en una situación semejante. Se aprobó el techo de gasto, pero se bloqueó su ejecución porque faltaba lo más importante.

La defensa, como la diplomacia, es un instrumento de la política. Si ésta no establece claramente unos objetivos resultará imposible establecer prioridades en el gasto. Aquí no caben ambigüedades buenistas. Necesitamos tener muy claro a quién queremos disuadir o derrotar, para así poder decidir qué capacidades necesitamos y cómo organizar la fuerza.

Somos miembros de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, dos organizaciones con competencias en esta materia. En ambos casos si un estado miembro fuera atacado por un tercero los restantes miembros deberían salir en su ayuda. En esta situación ¿cuál es el papel que le corresponde a España? En general ¿qué se espera de cada uno de los estados signatarios de los respectivos tratados?

Lo primero es no convertirse en una carga. Cada miembro debe aportar en función de su capacidad, lo que requiere que, con años de antelación, haya invertido correctamente para que sus unidades estén bien equipadas. Lo segundo es asumir la responsabilidad derivada de la geografía, asegurando el control del espacio que le corresponde. El Gobierno de España tiene la obligación –ante los ciudadanos, ante la Alianza Atlántica y ante la Unión Europea– de garantizar el control del espacio de soberanía y, muy especial-mente, del eje Baleares–Estrecho–Canarias, del que depende el acceso al mar Mediterráneo. En perspectiva más amplia la estabilidad en el espacio Magreb-Sahel resulta crítica para España y para nuestros aliados. Estos escenarios deberían condicionar nuestras inversiones.

En prueba de nuestra solidaridad y compromiso hemos desplazado unidades al frente oriental. Era lo correcto. Sin embargo, sería peligroso aceptar la idea de que ese frente debería ser el eje de nuestra política, por los compromisos contraídos. La situación ha evolucionado. Ya no tenemos un frente oriental, caracterizado por el revisionismo neoimperialista ruso, y un flanco meridional, en el que la creciente inestabilidad favorece la emigración ilegal, el crimen organizado y el yihadismo. En la actualidad hay un único frente, que se extiende desde el este al sur, con actores que se repiten, aunque las circunstancias sean diferentes. Rusia no está sólo en Ucrania, también se ha hecho presente en nuestro sur.

Gastar más no es suficiente. Es más, podría ser contraproducente. Los presupuestos de defensa no pueden estar condicionados ni por los intereses de las empresas nacionales ni por los sindicatos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Necesitamos criterio político para poder establecer prioridades y éste no llegará sin una reflexión estratégica, tarea que lamentablemente se ha venido evitando desde años.