La dictadura evitable

Es claro que el presidente del Gobierno ha emprendido, con el apoyo de comunistas y separatistas, un proceso de transición de la democracia a la dictadura. La Transición invertida. Este proceso comprende la asunción de todo el poder: el control de los jueces, la marginación de la oposición, la eliminación de la libertad de prensa, la ruptura de la unidad nacional y la destrucción de la Constitución.

Pero su triunfo es evitable. El filósofo Edmund Husserl afirmó que «el mayor peligro de Europa es el cansancio». Cabría decir que también, y por lo tanto, es el mayor peligro de España. Depende aún de los españoles. España sigue estando en nuestras manos, aunque el riesgo de que se nos arrebate es grande. Todavía nos queda el apego a la libertad, la fragilidad del mal, la Corona, las Fuerzas Armadas, la oposición (pese a todo) y el poder que ostenta en Comunidades y Senado, la Judicatura (si bien solo en parte) y la prensa libre (la que aún sobrevive).

Y también nos queda el Derecho, que sigue siendo una barrera contra la tiranía y la destrucción de la unidad nacional. Pero el Derecho puede ser destruido. Nada bueno cabe esperar de las elecciones de hoy. Ni la autodeterminación ni la independencia caben en la Constitución, por numerosos que sean los votos secesionistas. Y no hay que esperar a la eventual decisión del Tribunal Constitucional. Las normas claras no requieren interpretación. Por ejemplo, los colores de la bandera, la capitalidad de Madrid o la mayoría de edad a los dieciocho años. No hay mayoría progresista que pueda alterarlos. La Constitución no menciona la esclavitud, pero no parece discutible que no encaja en ella. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2). No es que proclame la unidad indisoluble; es que, además, se fundamenta en ella. Si quiebra la unidad nacional, la Constitución queda destruida. Y si un magistrado o todo el Tribunal o su mayoría declaran constitucional la celebración de un referéndum de autodeterminación, necesariamente prevaricarán. Y si es meramente consultivo tendrá un objeto ilegal y la misma fuerza jurídica que una encuesta del CIS.

Por lo tanto, a la independencia solo se puede acceder legalmente a través de la reforma de la Constitución o, más exactamente, mediante su derogación y la elaboración de una nueva. Lo primero requiere unos determinados procedimientos y la aprobación por la mayoría de los tres quintos de las dos Cámaras. Lo segundo, la realización de un proceso constituyente. También podría ser el resultado de un golpe de Estado o de un enfrentamiento civil. O de la vía revolucionaria e ilegal que emprendió el «proceso» catalán.

Los partidos que gobiernan o que apoyan al Gobierno están muy lejos de esos dos quintos. Solo si la derecha o parte de ella se aviene a esa reforma constitucional, sería legal la autodeterminación. El Tribunal Constitucional decide la constitucionalidad de las leyes y disposiciones del Gobierno, pero no puede convertir lo inconstitucional en constitucional. Incluso ya existen voces que postulan la conveniencia de expulsar de España a Cataluña y al País Vasco. Creo que se trataría de una experiencia inédita: una Nación expulsa a dos de sus partes. Pero esto parece más bien fruto del cansancio natural.

Quedarían, pues, cuatro posibilidades: seguir igual, la cesión legal de la independencia por al menos tres quintos, la expulsión y la fuerza. Y, por cierto, como la lectura de la Constitución todavía no es delito ni pecado, ni está incluida en el Índice laicista de textos prohibidos, reproduzco, sin ánimo de incomodar, su artículo 8.1: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Todo esto fue aprobado, entre otros, por el PSOE, el Partido Comunista y Convergencia, pero eran otros tiempos.