Contra la prensa

No hay que ser muy lince para entender que a Sánchez y a sus aliados, esa coalición neocomunista en UTE con el supremacismo independentista, les obsesiona doblegar a los jueces y a la prensa: lo que no se juzga y no se cuenta no existe, vienen a soñar los paladines de la impunidad y sus altavoces, enfangados en la misma tarea con distintas coartadas.

En ese lance, que se completa con la criminalización de los adversarios, pintados como una caterva de ultras conspiranoicos y golpistas que calienta incluso un magnicidio contra el pobre presidente y su sufrida familia, se va a jugar una parte relevante del futuro de la democracia.

Porque si el Poder Judicial se transforma en una especie de CIS, con fallos equivalentes en decencia y rigor a los sondeos de Tezanos; y la lucha contra la «desinformación» se utiliza como pretexto para asfixiar y acosar a los medios y periodistas ajenos al orfeón sanchista; el régimen democrático dejará de serlo aunque conserve una parte de su apariencia.

Los devaneos liberticidas que el hoy camarero Pablo Iglesias vertía contra la prensa, a la que quería cerrar o nacionalizar porque a su juicio atentaba contra la democracia por el mero hecho de no ser pública, se han convertido en política de Estado para Pedro Sánchez, capaz ya de comparecer en televisiones amigas para lanzar su amenaza intervencionista, regulatoria y persecutoria en un sector ya limitado por la opinión pública, el Código Penal y el Código Civil.

Que todo un presidente se permita, cuando se difunden noticias perfectamente documentadas sobre las actividades de su esposa o de su hermano, replicar con una amenaza al mensajero, un conflicto internacional o un asalto a la Justicia, conculca uno de los pilares fundacionales de la democracia, que es la rendición de cuentas de los cargos públicos en todo aquello inherente a su actividad, sus decisiones y sus posibles beneficios.

Y que ante semejante barbaridad la respuesta de sus socios sea duplicarla, con Podemos exigiendo ya una ley que permita crear una especie de Consejo Ciudadano con atribuciones punitivas contra los periodistas y sus medios, evidencia que la escalada va en serio y que Sánchez está dispuesto a silenciar a los testigos incómodos de sus andanzas, en lugar de a desmontarlas, si puede, con pruebas tan sólidas como las que documentan los abusos perpetrados en su entorno.

El mero hecho de que un líder político se crea con el derecho a repartir carnés de juez, de periodista o de demócrata, pase lo que pase a continuación, ya es una abyecta anomalía que, en un Estado de Derecho sólido, sería rápidamente sofocada y castigada como merece.

Que en España suceda todo lo contrario, y que al delirio censor de Sánchez se le añada el respaldo ovino de una parte de la profesión, capaz de suscribir manifiestos contra el periodismo bajo la acusación global de que todo lo que molesta al líder socialista es necesariamente falso; sugiere que la ofensiva puede culminar con éxito.

El primer decreto de Sánchez cuando llegó a la Moncloa, allá por 2018, fue la toma de control de RTVE con una comisaria nombrada a dedo. Y su primer acto de acoso a la información fue, probablemente, inducir el despido de toda la cúpula directiva de El País, alineada con el felipismo y opuesta al obsceno cambalache del PSOE con el populismo y el separatismo para lograr a toda costa el poder.

Desde entonces, todo en Sánchez han sido intentos reiterados de controlar la información, de implantar la censura en nombre de un legítimo cerco a la desinformación, utilizada en las guerras híbridas modernas como parte de la estrategia de desestabilización de terceros países, como hace la Rusia de Putin con ahínco y no poco éxito.

No es eso lo que quiere combatir Sánchez. Ni tampoco las difamaciones o calumnias, perfectamente recogidas en la legislación vigente. Simplemente aspira a que no se pueda saber y no se pueda juzgar, entre tantos bochornos, si su mujer, su hermano, sus compañeros socialistas y de algún modo hasta él mismo se han forrado gracias a sus decisiones.

El derecho a saber, que está en el origen de la libertad de informar, no es una concesión graciosa del presidente de turno, como tampoco la separación de poderes y la independencia judicial. Y defenderlas no es izquierdas o de derechas: es de demócratas, y nadie que lo sea puede permanecer callado ante el enésimo abuso perpetrado por esta mala copia de Kim Jong-un, que defiende más a su esposa que al Rey y prefiere liberar a un terrorista que ofrecer un bálsamo a sus víctimas.