Impunidad

La imagen fotográfica del «CDR» exhibiendo un fusil de asalto en su mano derecha mientras alza la izquierda con el puño cerrado desafiante y detrás aparece una «senyera» sujeta a una espada y un machete , es toda una declaración de intenciones de lo que los «borrokos» separatistas catalanes pretendían hacer aquellos días de odio, fuego y violencia en las calles de Barcelona y otras partes de Cataluña y que la amnistía pretende borrar.

Doce miembros radicales de los autodenominados «comités de defensa de la república» (CDR) a los que Quim Torra animaba a incrementar las protestas y la tensión con la consigna de «apreteu, apreteu», («presionad, presionad, hacéis bien en presionar»), están pendientes de juicio por delitos de terrorismo tras ser detenidos con armas y material para fabricar explosivos.

Estos potenciales terroristas son los que el fiscal general del Estado exige que sean amnistiados y para ello no ha dudado en sustituir al fiscal de la Audiencia Nacional que se oponía a ello por considerar que el terrorismo no es amnistiable, y colocar en su lugar a la bien mandada teniente fiscal de su cuerda y de probada obediencia.

No cabe mas descrédito en la actuación de la Fiscalía, ni mayor ofensa contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley que el borrado de las aviesas intenciones de unos criminales en potencia con el argumento esgrimido por la subordinada de «don Alvarone» de que lo que se les imputa fue una «realidad que no llegó a producirse» y, por tanto, no supone una «grave violación» de los derechos humanos.

Es la apoteosis de la impunidad reflejada en la citada fotografía del «CDR» desafiante y armado que si no hubiera sido detenido junto a sus compañeros, previsible y probablemente, habrían llevado hasta las últimas consecuencias la consigna que inspiraba su actividad delictiva contra el Estado: «viviremos libres o moriremos».

Otra evidencia más de que la amnistía es una ley de impunidad que Sánchez ha perpetrado y quiere imponer a toda costa con la complicidad servil del fiscal general del Estado y mediante fraude legislativo. Ha aprovechado un decreto ley de medidas anticrisis para colar una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita la aplicación de la amnistía sin que las cuestiones prejudiciales presentadas en el Tribunal Europeo puedan suspenderla temporalmente. Es otra exigencia de Puigdemont cumplida por Sánchez como pago a su apoyo para seguir en la Moncloa y, en este caso, por medio de una triquiñuela legislativa que cuestiona nuestra seguridad jurídica.

Está demostrado que no hay límites ni obstáculos que frenen la voluntad de Sánchez de conseguir sus objetivos por más que los medios empleados supongan indecentes trampas legales e incurran en fraude constitucional, como esta penúltima cesión a Puigdemont o el golpe propinado al Senado para impedir que controle las acciones del Gobierno.

Ante la posibilidad de que la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, pueda obstaculizarle la presentación de los Presupuestos Generales del Estado ha capado la competencia que tenía para evitar precisamente el descontrol presupuestario y le ha birlado la potestad de vetar el techo de gasto público mediante otra engañosa enmienda introducida en la Ley de Paridad.

Un alarde más de la arbitrariedad con la que Sánchez ejerce el poder atendiendo a sus intereses antes que a la ley o a la razón y eliminando contrapesos que dificulten su acreditada deriva autocrática.