Cándido blanquea la corrupción de 'La PSOE'

Durante los años de hegemonía electoral del PSOE en Andalucía , sustentada en el clientelismo político que procuran las ayudas y subvenciones, al partido se le conocía popularmente por «La PSOE», una suerte de fábrica con empleados y nóminas sin límites que atendía a la colocación de conmilitones, familiares y amigos.

El carné de afiliado era el requisito de mérito efectivo y fundamental para formar parte de algunas empresas públicas andaluzas, que operaban bajo el paraguas de una Junta que para colocar a los enchufados se especializó en activar esas sociedades con la premisa de crear primero el órgano, el continente, y después inventar su función, el contenido.

Se crearon agencias y sociedades dependientes de la Junta a las que se las dotaba de generosos presupuestos con los que se pagaban las nóminas de muchos de los enchufados y allegados contratados por 'La PSOE'.

La paradoja llegó al extremo de que algunas de esas agencias públicas, como denunció el PP nada más llegar al Gobierno de la comunidad, destinaban el noventa y tantos por ciento de su presupuesto al pago salarial de sus empleados y apenas quedaba un uno o dos por ciento para la función y cometido por el que se había creado el organismo. Una estrategia al servicio del partido con el fin de mantener la hegemonía electoral en Andalucía cimentada en el clientelismo político y la dependencia de sus votantes. Y una buena parte de los 680 millones de euros de los ERE fraudulentos se destinó a ese cometido.

La esposa del actual dirigente socialista, Juan Espadas, que ahora exige a los populares que «se disculpen y pidan perdón» por haber utilizado políticamente el mayor caso de corrupción de la historia de España, blanqueado por Cándido Conde Pumpido, formó parte de esa legión de enchufados de «La PSOE» de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El enchufe de Carmen Ibanco, investigada en una comisión del Parlamento andaluz hace tres años, todavía sigue en manos de la UCO y de un juzgado sevillano, sin prisa, después de acreditarse que fue contratada por la agencia FAFFE de la Junta semanas antes de concluir el plazo público de inscripción de los aspirantes a formar parte de la misma.

La mujer de Espadas afirmó que había visto el anuncio de empleo en el periódico, llamó y la contrataron «ipso facto». Milagros de 'La PSOE'. Eso sí. No supo responder en la citada comisión en qué consistía el trabajo para el que fue contratada y qué hacía delante del ordenador que «utilizaba –según dijo– con el sistema operativo, el WordPerfect», generando la estupefacción e hilaridad de los diputados.

Juan Espadas y el resto de dirigentes socialistas se ponen ahora muy dignos y pretenden reescribir el pasado corrupto de 'La PSOE' aprovechando la anulación de las penas de cárcel de los condenados por malversación decidida por la mayoría sanchista del Constitucional. Vamos que terminarán exigiendo que sean indemnizados y galardonados con la medalla de la Junta los exonerados, como dice irónicamente Antonio Sanz, actual consejero de Presidencia.

El descaro y la desvergüenza de los dirigentes socialistas que se presentan como víctimas llega al extremo de calificar de ilegítimo al Gobierno de Juanma Moreno por llegar a San Telmo gracias al rédito político de un caso que está blanqueando el Tribunal que preside «Gracita» Conde Pumpido, como le ha apodado mi querido Carlos Herrera , en atención a la añorada Gracita Morales que tan bien interpretaba el papel de mucama al servicio de señores y señoritos; un papel que Don Cándido está bordando con Sánchez.

La mayoría socialista del Tribunal Constitucional nos viene a decir que los condenados en sentencia firme por una decena larga de magistrados de la Audiencia de Sevilla , primero, y del Tribunal Supremo, después, no malversaron los 680 millones de euros que tenían bajo su control, a pesar de que una buena parte fueron a parar a cuñados, hermanos, suegras, esposas de dirigentes socialistas y sindicalistas, militantes, familiares de altos cargos de la Junta, amigos y allegados a «La PSOE», que en algún caso llegó a reunir billetes bajo el colchón como «pa asar una vaca» y en otros se utilizó para pagar fulanas y cocaína .

Para beneficiar al Gobierno y hacerle un servicio político, esa mayoría «sanchista» ha usurpado la función del Tribunal Supremo, como señalan los magistrados discrepantes, y ha pervertido la del propio Constitucional que fue creado para garantizar el cumplimiento de la Carta Magna y no para reinterpretar sentencias del máximo tribunal de casación de nuestro ordenamiento jurídico, como acaba de hacer con el escándalo de los ERE.

Cabe preguntarse si esa misma mayoría hubiera aceptado anular las penas de prisión de condenados por malversación, que las hay, del PP y por qué Sánchez no ha indultado en consejo de ministros a sus conmilitones andaluces dejando hacer el trabajo sucio a un Tribunal Constitucional cuyo desprestigio, descrédito y desconfianza por parte de los ciudadanos es ya irrecuperable. Y mucho más cuando falle a favor de una ley de impunidad como la de amnistía.