Lo más grave de todo

La política española pasa por un momento terrible, el peor que he vivido. Pero muchos españoles, acaso la mayoría, parecen tranquilos y felices. No parece relevante que la Nación se descomponga, mientras uno se va a disfrutar de las vacaciones, aunque algunos no puedan hacerlo. Tal vez se digan: siempre ha habido corrupción, todos los políticos son corruptos, todos los Gobiernos pretenden controlar al poder judicial, las cosas no van mal, separatistas siempre habrá y al menos ahora no hay terrorismo. Pero lo que ahora sucede no tiene precedentes.

El acoso a los jueces más bien parece cacería gubernamental. Las sentencias, incluso del Supremo, no se cumplen. Sobre algunos jueces se insinúa, y más que eso, la politización prevaricadora. Una instrucción judicial se despacha diciendo que no hay nada, que se trata de bulos y que es fruto de la máquina del fango. Un famoso ex juez, condenado por sentencia firme, pontifica en un programa de televisión y afirma que la instrucción del proceso a la esposa del presidente del Gobierno se basa en hechos falsos. Aquí cabría reiterar la pregunta de Julián Marías: ¿y usted cómo lo sabe? Por supuesto, las sentencias pueden ser comentadas y criticadas, pero no por el Gobierno ni por los partidos que forman la coalición de gobierno. En este caso, solo callar es acatar. Las ideas sobre la libertad de expresión andan muy extraviadas entre nosotros. La blasfemia y la mentira quedan amparadas por ella, pero no la crítica de la ideología de género o la valoración e interpretación de los hechos históricos. No muchos saben discernir las diferencias que existen en la libre expresión de sus ideas y opiniones según las circunstancias personales, por ejemplo, que quien habla sea un padre a sus hijos, un profesor a sus alumnos, un periodista a sus lectores, un sacerdote a sus feligreses o un diputado en el Parlamento. Son esto sutilezas anticuadas. Cada uno dice lo que quiere, siempre, eso sí, que coincida con la dictadura ideológica dominante.

Podríamos añadir más escándalos y agresiones al derecho y al buen sentido. Pero lo más grave de todo, en el ámbito de la política, procede del hecho de que el presidente del Gobierno, aunque no gana las elecciones, obtiene apoyos políticos a cambio de concesiones ilegales e inconstitucionales, por ejemplo, beneficios judiciales a condenados por terrorismo y malversación que vulneran, al menos, el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Caminamos hacia la destrucción de la democracia porque sin Estado de derecho no hay democracia. Lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, y esto es lo más grave, es una reforma de la Constitución (en realidad, destrucción) por el procedimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran constitucional, lo que no lo es. Un ejemplo, y me temo que es más que una arriesgada conjetura. Es evidente que la celebración de un referéndum de autodeterminación en una comunidad autónoma es inconstitucional, ya que la Carta Magna se fundamenta en la unidad indivisible de la Nación española. El Gobierno puede pactar con los independentistas o secesionistas su celebración y, si se recurre al Constitucional la decisión, ya lo tiene controlado para obtener un voto favorable. Es una reforma encubierta y fraudulenta. No se toca el texto que para modificarlo requeriría una mayoría que no tienen, pero se altera su contenido real. Naturalmente, esto entraña la destrucción del derecho y su sustitución por la voluntad absoluta del Gobierno. De la democracia al absolutismo. Pretender que la decisión de la mayoría es siempre justa y que el poder ejecutivo no tiene límites no es un principio democrático, sino la pura negación de la democracia y la libertad. La Constitución va a ser destruida desde dentro, sin tocar una coma. Esto es lo más grave políticamente de todo. Si bien este peligro se basa en males de otra naturaleza, más graves y profundos.