¿Justicia a la carta?

Es sintomático y no suele fallar. Cuando un representante del Poder Ejecutivo -en concreto el presidente del Gobierno- mantiene una difícil y tensa relación con el Poder Judicial (y la Administración de Justicia) palidece el Estado de derecho, se degrada el sistema democrático, y el debido equilibrio y respeto entre los poderes del Estado, en que consiste la democracia, desaparece, enturbiándose y dislocándose las relaciones interinstitucionales. En este sentido, podemos decir que la democracia evoluciona hacia un régimen personalista, hacia una autocracia, en la que ejerce su predominio un poder del Estado, el Poder Ejecutivo, con sumisión de los otros poderes, como son el Poder Legislativo, representado por el Parlamento, y el Poder Judicial, encarnado en jueces y magistrados. Añádase el importante matiz de que el control judicial de los actos del Gobierno constituye el último y más importante valladar contra el abuso del ejercicio del poder público.

Entronizado este régimen autocrático alejado de la democracia, al que se llega por el expediente de la confusión o concentración de poderes y cuando no se respeta el principio de legalidad ni los procedimientos formales previstos en el ordenamiento jurídico, el primero y más amargo fruto es la restricción de las libertades políticas y la negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, base de la democracia. De ahí la gravedad que supone constatar una doble línea de actuación gubernamental. Primero, los ataques o invectivas que nada más acceder a La Moncloa llevan a cabo, desde mediados de 2018, los gobiernos presididos por Pedro Sánchez con la inestimable ayuda de Podemos, y de Sumar después, formaciones populistas de extrema izquierda a las que no les falta su tanto por ciento de paleomarxismo. Es así como, en el colmo de la hipocresía e irresponsabilidad, estos partiditos han insultado a los miembros de la carrera judicial española, llamándoles, impunemente, «fascistas con toga», sólo porque se atienen a la Ley, aunque esté mal elaborada por aquéllos, como ha sucedido con la Ley del 'Sólo sí es sí'. ¿Cómo no va a dañarse la ‘res publica’ con esta peculiar cosmovisión? En segundo lugar, deteriora la salud de la democracia la insana estrategia de colonizar instituciones y órganos de control para neutralizarlos y, de ese modo, ensanchar el campo del Ejecutivo, que cada día encuentra menos obstáculos a su arrolladora actividad y controles más débiles, lo que convierte a nuestra democracia en un sistema político degradado y necesitado de rehabilitación… verdadera.

La historia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno es, entre otras cosas, la historia del intento de someter a los Jueces de este país a sus dictados y pasiones. Constituye ya todo un rosario de capítulos, desde el primer día de gobierno (¿recuerdan los comunicados del anterior CGPJ protestando por las intromisiones del Gobierno sanchista?), los intentos de dominar al Poder Judicial, de conseguir su claudicación y sometimiento, para que ningún Tribunal se atreva a juzgar al «puto amo» (Puente dixit). Por eso, los ministros, el primero de ellos el triministro de Justicia (¡qué nivel!), salen a defender al «jefe», repitiendo machacona e irreflexivamente que «no hay caso, sino fango», mientras lanzan increíbles descalificaciones y aventuran opiniones -sin base- sobre un sumario que desconocen y cuya regulación jurídico-procesal ignoran. Todos son, ¡oh milagro de la púrpura!, catedráticos de Derecho Procesal.

Por ello, como lo propio de una autocracia es la infalibilidad del gobernante, el testigo Sánchez le ha exigido (sic) al juez que le interrogue por escrito, y que la Audiencia Provincial de Madrid cancele vacaciones y resuelva los recursos de su mujer antes de lo señalado por sus señorías. Él es Él. No es un justiciable más. Así se comporta, solicitando un trato privilegiado para él y su esposa, para su partido y sus conmilitones, como pide un fiscal general reconvertido en defensor de sus posiciones personales; con demuestra el intento de hacerse con el CGPJ (Leyes Orgánicas 4/2021 y 8/2022), peligro momentáneamente conjurado gracias a la intervención de las autoridades europeas; y con un controvertido Tribunal Constitucional presidido por el antiguo fiscal general de Zapatero, Conde-Pumpido, que gracias a la mágica fórmula del 7/4 estima las peticiones del Gobierno y rechaza las de la Oposición democrática.

Sin embargo, no todo está perdido para la causa de la democracia: hay jueces en España. Concretamente, en Madrid y Badajoz. Además, varios sumarios se siguen actualmente relativos a Pedro Sánchez y su familia y al PSOE (casos ‘Koldo’, ‘Ábalos’…). Por su parte, la Sala Segunda del TS acaba de interponer cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, otro disparate jurídico-político del sanchismo. Indudablemente, Sánchez se dirige al Poder Judicial como un comensal al camarero del restaurante: a la carta.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es presidente del Foro para la Concordia Civil