Policía patriótica

Explotaron las bombonas en Alcanar y no vieron venir el atentado. Se produjo un ataque terrorista y su jefe, Josep Lluís Trapero, negó que hubiera posibilidad de réplica. Desgraciadamente, no tardó en llegar. No es que los agentes fueran necios o negligentes, es que estaban mirando en dirección contraria, porque los políticos estaban más preocupados y ocupados en asegurar un referéndum ilegal.

Se convocó a los catalanes a las urnas y el juez dictó orden de detención contra Puigdemont. Él se escapó después de votar, sin que nadie tratara de impedírselo. No es que el objetivo de los agentes –de la gran mayoría, al menos– fuera vulnerar la ley, es que las órdenes que recibieron sus responsables políticos no eran las del Tribunal Supremo, iban destinadas garantizar el orden público durante la votación prohibida. Si acaso, les estorbaba la Policía Nacional.

Anunció Puigdemont su burla a la legalidad vigente regresando a España. El Ayuntamiento de Barcelona le montó el escenario para hacer un mitin, el ministro del Interior garantizó la inhibición de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los Mossos que debían detenerle los enviaron a otro lugar para asegurarse de que no se cruzaran con él. Ahora, se busca a un supuesto topo entre los Mossos para que, en aras del buen nombre de la Generalitat, se coma el marrón de la opereta y re-fuga del expresidente catalán, como se encontró entre los agentes encargados de la lucha antiterrorista al que corrió con las culpas del chivatazo en el Bar Faisán. Marlaska, que era el juez instructor encargado del caso, podría dar cuentas de aquella bochornosa decisión que no pudo salir de otro lugar que no sea el Poder Ejecutivo.

Es obvio que Puigdemont cuenta con la inestimable colaboración de un grupo de agentes, porque han llegado incluso a velar por su seguridad en Waterloo. Pero nunca hubieran llegado tan lejos como lo han hecho sin al menos la complicidad, sino el expreso respaldo de sus mandos. Pero, a buen seguro, la gran mayoría de los hombres y mujeres que forman parte de este cuerpo policial son eficientes profesionales. Su misión, como miembros de un servicio del Estado –que no de Cataluña y mucho menos del partido de turno al frente de la Generalitat–, es garantizar la seguridad de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de sus derechos. Ninguno está obligado a cumplir una orden que vulnere la legalidad, pero si le colocan de espaldas al delito es imposible que pueda verlo.

La elección de Trapero como responsable de la Policía Autonómica, como prometió Salvador Illa en campaña electoral, indica que la directriz política se mantiene, por mucho que reniegue públicamente de ella. Puede que sean muchos los méritos que le adornen como policía, pero su elección es un guiño, uno más, al independentismo desleal con la Constitución al que se quiere contentar. Irá en detrimento de la reputación del cuerpo, que allá ellos, pero también de la libertad y la seguridad de las personas a las que están obligados a proteger.