Intervencionismo rampante

La tentación de intervenir es consustancial a la política. En todos los ámbitos, se extiende cual mancha de aceite con el fin de acrecentar su ámbito de influencia. No ha habido partido de gobierno, a escala autonómica o nacional, que no se haya sentido atraído por la posibilidad de inmiscuirse en instituciones, tribunales, medios de comunicación o empresas. En los primeros compases de la democracia, el escaso desarrollo de la sociedad civil hacía de esa práctica casi una obligación legal. Los medios eran públicos. Pero, a medida que el tejido productivo fue desarrollándose, desde la Moncloa tuvieron que contentarse con colocar a amigos al frente de empresas privatizadas, con los consiguientes disgustos y, con el transcurrir del tiempo, hubieron de conformarse con designar a alguno que otro consejero. Entonces y ahora, no ha habido operación empresarial de calado de la que no se informara a gobierno y oposición. Más que nada porque los que manejan el BOE pueden llegar a complicar mucho la vida a la más fulgurante de las estrellas del parqué.

Sin embargo, desde que Felipe González comenzó a poner a la venta las joyas de la corona empresarial creadas en la dictadura, la tendencia de deslindar lo público de lo privado ha sido una constante. Hasta ahora.

Zapatero lo intentó. Apoyó la OPA de Gas Natural sobre Endesa para conceder a los independentistas la empresa energética que querían para iniciar la desconexión con el resto de España y el mercado, con la inestimable ayuda de Manuel Pizarro, le dejó en evidencia. Perdimos todos. Volvió a intentarlo colocando a un político al frente del Banco de España y, aunque todavía pagamos en nuestro salario las consecuencias del dislate, salió también escaldado. Nunca llegó tan lejos como Pedro Sánchez.

En cinco años de gobierno, mantiene la posición en rescatada Caixa. Ya no preocupa el coste del rescate. Desde que llegó al poder, de la mano de Podemos, ha criminalizado a Ferrovial por emigrar al Nasdaq, ha hecho y deshecho a su antojo y necesidad en Indra, ha nacionalizado una parte de Telefónica con la excusa de evitar la presencia de los saudíes, ha colocado obstáculos en la pretendida fusión de BBVA y Sabadell y acaba de vetar una oferta de compra de una empresa europea sobre Talgo. Hoy es estratégica, ayer Puente la denostaba en el Senado. Eso por no hablar de las campañas de criminalización contra la distribución comercial que ha emprendido, en oleadas, la inefable Yolanda Díaz.

El intervencionismo rampante es la única guía de actuación en el tejido productivo. Lejos de ir a las causas de tanta oferta de compra, que no son otras que unos precios en algunos casos de derribo, gracias en gran medida a las políticas públicas, cada vez que suena una alarma en Moncloa tiran de chequera. Ya se sabe, porque lo dijo Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie. Lo que sí sabemos es que el privado, ante tanta arbitrariedad, sale corriendo.