Perelló, una mala noticia para Sánchez
La palabra progresista es el comodín con el que los políticos de izquierdas tratan de justificarlo todo, incluso sus desmanes, y por supuesto sus carencias e ineficacia en la gestión
El progreso bien entendido no es de izquierdas ni de derechas sino el que procura el avance, mejora el bienestar de todos los ciudadanos, social y económicamente. Un empresario de éxito que crea miles de puestos de trabajo y genera riqueza colectiva con la actividad de su empresa es más progresista que cualquier indocumentado que por tildarse de izquierdas añade el citado término a su afiliación para justificar su compromiso con el Estado de bienestar. El sátrapa Maduro se considera progresista y Venezuela sufre la mayor regresión social, política y económica de su historia con millones de venezolanos en el exilio huyendo de la pobreza y la represión.
El Gobierno de Sánchez se autodenomina de progreso y progresista a pesar de sus políticas iliberales y asimismo regresivas que ponen en entredicho nuestro Estado de Derecho, deterioran la calidad de la democracia y tienden a empobrecer a los ciudadanos del presente, crujiéndoles a impuestos, y a los del futuro, con una deuda estratosférica que inevitablemente tendrá que pagarse. También los separatistas insolidarios enemigos de la igualdad entre españoles se declaran progresistas y no hay nada más retrógrado que el nacionalismo identitario. Incluso los bilduetarras que apoyaron el terrorismo y se niegan a condenar a ETA exhiben su condición de progresistas mientras humillan a las víctimas.
La palabra progresista es el comodín con el que los políticos de izquierdas tratan de justificarlo todo, incluso sus desmanes, y por supuesto sus carencias e ineficacia en la gestión. Es muy propio de esa clase política de izquierdas que considera que tiene una mayor superioridad moral que la derecha para imponer sus criterios y que cuenta con licencia para cabalgar contradicciones, mentir, cambiar de criterio y de principios, traicionar la palabra dada a sus electores o caer en la incoherencia permanente. Indecencias e indignidades políticas en las que viene incurriendo Sánchez por más progresista que se declare.
También es progresista por su pertenencia a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Isabel Perelló, la nueva presidenta del CGPJ cuya tarjeta de presentación en la apertura del nuevo año judicial fue una buena noticia para los defensores de la división de poderes y del Estado de Derecho y muy mala para sus detractores, esto es, Sánchez y cuantos pretendían controlar también el Tribunal Supremo con jueces afectos .
Su discurso fue un soplo de esperanza y confianza en el poder judicial en este tiempo necesitado de firmeza y compromiso en defensa de la libertad y la democracia . Isabel Perelló no dijo nada excepcional o novedoso y sí cosas obvias que no haría falta recordar en un país democrático cuyo Gobierno no se dedicara a asaltar y colonizar instituciones y mucho menos el tercer poder del Estado, sino a respetarlas en fondo y forma.
Habló de cosas evidentes como que los políticos no pueden interferir en las decisiones judiciales, ni dar instrucciones a los jueces sobre cómo interpretar las leyes, ni por supuesto atacarlos y descalificarlos acusándoles de dictar sentencias o tomar decisiones por motivaciones políticas. Perelló recordó que sólo los Estados en los que se respeta y garantiza la división de poderes son realmente Estados de Derecho. Una velada crítica a los navegantes progresistas del Gobierno social-comunista y a sus socios podemitas, separatistas y bilduetarras que no han dejado de atacar a los jueces y cuestionar su independencia cada vez que sus intereses políticos se han visto contrariados por las decisiones de estos.
Hay que congratularse de que su primera comparecencia como presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo fuera un alegato para reivindicar la independencia de la Justicia frente al control del Gobierno y la defensa del Estado de Derecho, demostrando con sus palabras que la etiqueta de magistrada progresista no lleva implícita la de «sanchista» y por tanto la de la parcialidad y la dependencia. El progresismo o el conservadurismo bien entendidos en el caso de los jueces no es compatible con el sectarismo sino con la aplicación correcta de la ley de forma justa, imparcial e independiente y al margen de la afinidad ideológica. Todo lo contrario que don «Alvarone» y don Cándido, vergonzosa y obscenamente serviles y esclavos de las causas personales y políticas de Sanchez.