Justicia para el fiscal Portero

La próxima semana se cumplirán 24 años del asesinato, por un disparo en la boca mientras esperaba el ascensor tras mirar su buzón, del fiscal de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Tras fallar en otro intento contra un militar en Sevilla, los carniceros de ETA mataron a un brillante titular del Ministerio Público cuyo único delito era defender nuestra legalidad y perseguir a los malos en la sociedad. Hoy los malos están de suerte. La Fiscalía ya no los persigue. Si acaso, los defiende. En atención a las órdenes políticas que emanan del presidente del Gobierno, se va contra los propios jueces, contra los fiscales valientes y contra aquellos que estropean la orgía de poder al Sumo Líder. Bien sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso, del que se revelan datos secretos; bien sea el trabajo del juez Peinado, cuyas decisiones contra Begoña Gómez son torpedeadas por la fiscalía; o incluso las víctimas de ETA a cuyos matarifes se otorga el tercer grado con la anuencia del fiscal de la Audiencia, que no mueve dedo alguno.

Harriet Iragi Gurrutxaga es una de las bestias que acabaron con la vida de Portero. También participó en los atentados contra José María Martín Carpena, en Málaga, y contra el médico y coronel del Ejército, Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla. La criaturita solo ha pasado 24 años entre rejas (de los 128 a los que fue condenado), tras mandar a la tumba a tres inocentes. Su hazaña le ha salido muy barata. Que el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria exige que para acceder a ese régimen de semilibertad es obligado que el reo se arrepienta y pida perdón, pues se hace caso omiso. Como mucho y para exonerarle de culpa, se le presenta un formulario que firma con el mismo engaño que usa en el arrepentimiento. Según Daniel Portero, ni siquiera el juez de vigilancia penitenciaria conoce oficialmente la concesión del tercer grado. Ergo, Marlaska mintió cuando dijo hace unas horas que esto era cosa del magistrado. Mintió. Otra vez.

Para que ese carnicero salga a tomar chiquitos han tenido que concurrir dos circunstancias: que a Álvaro García Ortiz le haya ordenado su jefe –«¿de quién depende, eh?»– que se quede con los brazos cruzados y que previamente una consejera llamada María Jesús San José, responsable de Justicia y Derechos Humanos (no hay mayor sarcasmo), haya aprobado la decisión.

No vayan a creerse que San José es una dirigente de Bildu. Ni siquiera del hipócrita PNV. No, no. Es de un partido que gobierna España y que ha enterrado a 12 compañeros enviados a la tumba por los secuaces de Iragi. Si alguien tenía alguna esperanza de que cuando el lehendakari Pradales pactó con Sánchez dejar en manos de una socialista las competencias en las cárceles dentro del Gobierno vasco se iba a imponer la dignidad y la justicia, por la que tanto clama el hijo de Luis, es que vive en Marte, no en la España de Sánchez. Una pista definitiva para tasar la catadura moral de la nueva responsable socialista es saber que fue la mano derecha de Patxi López -la madre de Joseba Pagazaurtundua ya anticipó su catadura moral. Daniel ha denunciado que nadie investiga una carta que envió Iragi a sus jefes donde denunciaba que Txapote y otros dos asesinos eran responsables últimos de las atrocidades. ¿Por qué nadie ha exigido al canalla que mató a Portero que tirando de ese hilo colabore definitivamente con la justicia? Solo por eso debe estar excluido de cualquier beneficio penitenciario.

Ya en 2021 lo dijo Otegi, el socio del presidente del Gobierno: «Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos». Entonces, se aprobaron. Por tanto, Sánchez tiene que ir cumpliendo con lo prometido. Y para ello es vital que la Fiscalía, por la que trabajó con honor Luis Portero, ensucie la toga hasta que quede pingando. Por lo menos la toga impoluta del fiscal asesinado, solo manchada por su sangre inocente, nos reconcilia con lo mejor del ser humano. Él no la puso al servicio de la vileza política.