Griten, griten, que es inútil
Ni la Universidad Complutense, ni Gómez asumieron los costes –150.000 euros– del trabajo de estas tres empresas. Pero sin despeinarse –ni informar a la Complutense– Begoña Gómez hizo el registro de la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas
Estoy expectante ante la argumentación del Equipo Nacional de Opinión Sincronizada sobre el aval de la Audiencia Provincial de Madrid a la investigación por tráfico de influencias a Begoña Gómez. ¿También dirán que esto es lawfare? No le arriendo la ganancia económica al abogado de Begoña, Antonio Camacho, del que conozco su proceder profesional –ha sido abogado defensor de uno de mis mejores amigos y ha compartido despacho con una persona que me es muy próxima. Todos tienen la mejor opinión profesional de él, aunque alguno de ellos se ha sorprendido un poco con ciertos pasos dados por el exministro en este procedimiento. Y no quiero ni imaginar la bronca que le debió caer ayer por la tarde de su cliente.
Lo cierto es que lo de hacer ruido sin parar intentando decir que ésta era una persecución política sin fundamento realizada por un juez sectario se ha traducido en que la Audiencia Provincial respalda por unanimidad el caso del tráfico de influencias, sobre el que hay muchos indicios, aunque al final será difícil de probar. Pero hay otra parte del auto que es muy reveladora: «Existen otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados que deben ser investigados», afirma con toda claridad en su resolución la Audiencia Provincial. «No nos corresponde asumir funciones exclusivas del juez instructor, ni pronunciarnos sobre cuestiones ajenas a los recursos elevados, pero ya el Ministerio Fiscal menciona hasta otras dos querellas diferentes relacionadas con la cátedra».
A estas alturas ya todos sabemos que una de esas querellas es la que pide imputar nuevos delitos a Begoña Gómez por el registro a su nombre del software desarrollado para su máster en la Universidad Complutense. Fue la Audiencia Provincial de Madrid la que advirtió en septiembre de que Peinado también debía hacerse cargo de esta denuncia y en la resolución de los recursos de la representación legal de Begoña Gómez y la Fiscalía deja fuera de toda duda que esa causa sigue pendiente. «Pende de pronunciamiento motivado del juzgado de instrucción número 41 sobre su admisión y acumulación». Así que además de la investigación por tráfico de influencias, la Audiencia ratifica que hay que investigarla por el caso del software.
Como ya he sostenido anteriormente en estas páginas, a mí me parece que a Begoña Gómez le pinta peor la causa del software que la del tráfico de influencias. Fue ella quien solicitó en Google, Indra y Telefónica un software para su Máster de Transformación Social Competitiva. Trabajo por el que las compañías no recibieron ninguna compensación y que han valorado en 150.000 euros. Ni la Universidad Complutense ni Gómez asumieron los costes del trabajo de estas tres empresas. Pero sin despeinarse –ni informar a la Complutense– Begoña Gómez hizo el registro de la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si añadimos a eso que la empresa que ofrece ese software es cien por cien propiedad de Begoña Gómez sólo puedo concluir que hoy las cosas pintan peor que ayer para la mujer del presidente del Gobierno. Y de la cancelación ayer por la Complutense del segundo máster a falta de alumnos matriculados, ni hablemos.
Así que griten lo que griten aquellos a los que se ha encomendado el sostén mediático de Begoña Gómez, la Justicia sigue siendo independiente en España y la gente no es tonta.