Democracia pisoteada
Hace tiempo que somos conscientes de que el día en que se vayan habrá que reforzar los cimientos y reconstruir todo el entramado institucional. Hoy, el daño es más grave que ayer. Y será mínimo en comparación con el de mañana
En una dictadura, es el acusado el que debe demostrar su inocencia. Y ni siquiera es garantía. En una democracia, el que acusa es el que está obligado a aportar las pruebas de cargo. En la dictadura, las instituciones están al servicio de los caprichos, conveniencias e impunidad del que manda. En democracia, el pueblo se dota de un cuerpo legal y delega el ejercicio de su soberanía que solo a él pertenece en un sistema de poderes y contrapoderes que le garantice el libre ejercicio de sus derechos y le proteja frente a los abusos de aquellos que gobiernan. Estas, que son lecciones básicas de primero de Derecho, ilustran hacia dónde pretenden llevarnos. Pero, por fortuna para los que habitan en la Moncloa, lo desconoce buena parte de la opinión pública. De lo contrario, hace tiempo que tendrían que haber hecho las maletas.
Son numerosos los episodios que retratan su aviesa forma de proceder: la contumacia en el engaño y la mentira, la opacidad y ausencia de explicaciones, el abuso de decretos o la anulación de las funciones del Congreso, los atajos en el Boletín Oficial del Estado, la ausencia en la asunción de responsabilidades o las arremetidas contra el Poder Judicial. Pero pocos de sus actos les retratan como la actuación, ahora bajo la lupa de los tribunales, del fiscal general del Estado.
Olvidemos por un momento su nombre y el de sus padrinos, nada menos que un juez prevaricador amigo de las dictaduras de Puebla. Ignoremos que el blanco de su ira es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. De lo que se trata, y es lo que investigará el Tribunal Supremo, es de que un hombre prepotente y poderoso, el responsable de hacer valer la ley ante los jueces, por mera conveniencia política personal o de sus mentores es capaz de vulnerar las garantías constitucionales de un ciudadano. Los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la intimidad o el secreto de las comunicaciones están supeditados a los intereses de la pareja Sánchez-Gómez en la España de hoy.
Hace tiempo que somos conscientes de que el día en que se vayan habrá que reforzar los cimientos y reconstruir todo el entramado institucional. Hoy, el daño es más grave que ayer. Y será mínimo en comparación con el de mañana. Se están socavando las últimas estructuras que sustentan la democracia.