Dos mentiras
¿Es, pues, lícito mentir? Sí, es lícito para el indefenso que hace de ello su último blindaje frente al déspota. Y es la más imperdonable de las canalladas cuando se usa como arma adicional del poderoso contra los ciudadanos indefensos.
Catalogaré hoy aquí tan sólo dos de las mentiras oficiales emitidas tras el auto del juez Marchena contra el fiscal general del Estado. Seguir con un catálogo más exhaustivo excedería la longitud prudente de una columna.
Mentira 1.
–Ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en defensa del fiscal general, Álvaro García Ortiz: «¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad, desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y por su entorno político?» No, naturalmente que no puede ser delito. No es ésa más que una pregunta retórica, inventada por alguien a quien resulta casi ofensivo suponerle conocimientos jurídicos.
–Lo que la sala de lo penal del Supremo considera potencialmente delictivo, no es decir «verdad» o «mentira» acerca de un investigado por las Fiscalía. Lo potencialmente delictivo es filtrar al público documentos que se hallan en fase de secreto sumarial. Y es un delito tan grave que, de confirmarse, entrañaría la inhabilitación del magistrado que resultara ser su último responsable. El Tribunal Supremo atisba en su auto que ese responsable pudiera ser el fiscal general del Estado. Lo cual abre un desgarro sin precedente en la magistratura española. Nunca, hasta ahora, un fiscal general había sido imputado judicialmente. Lo de Bolaños no es delito. Es sólo voluntad deliberada de engañar al ciudadano: lo más común en nuestra política. Pero da bastante asco.
Mentira 2.
–Palabras del fiscal general, Álvaro García Ortiz: «no estoy investigado ni imputado. Lo que viene a decir el auto es que el Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado».
–Auto de la sala de lo penal del Tribunal Supremo: el tribunal considera que «deben incoarse las oportunas diligencias de investigación, con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos».
¿Quién miente? García Ortiz dice no haber sido «imputado». Lo cual es un simple pleonasmo, puesto que el término «imputación» desapareció del diccionario jurídico español hace unos años. Se llama ahora «investigación». Y es eso, con toda literalidad, lo que el Supremo ha abierto contra él.
¿Se tiene derecho a mentir en defensa propia? ¿En defensa también de quien posee la poco vulnerable condición de ministro o de jerarquía máxima en la Fiscalía? Todo político dirá que sí. Pero, ¿hay autoridad moral alguna en el criterio de eso a lo que llamamos un político?
Vladimir Jankélévitch fue uno de los filósofos mayores del siglo XX. Y su «Tratado de las virtudes» construyó la más brillante aportación a la ética contemporánea. De su primer volumen, que trata acerca de «Las virtudes y el amor», recupero este pasaje que me deslumbró allá por el inicio de los años setenta. «No…, los caníbales no tienen derecho a la verdad; la verdad no está hecha para los canallas que sueñan con degollarla…; el deber de veracidad halla su límite natural en la mala fe que trata de servirse de su dialéctica para suprimirla». En los términos y la lógica del más riguroso moralista de la segunda mitad del siglo pasado, ¿es, pues, lícito mentir? Sí, es lícito para el indefenso que hace de ello su último blindaje frente al déspota. Y es la más imperdonable de las canalladas, cuando se usa como arma adicional del poderoso contra los ciudadanos indefensos.
¿Tan indefensos son Bolaños y García Ortiz como para no disponer ya de más escudo que la mentira frente al peso de la ley? Hay quienes son capaces de defender eso. Allá cada cual con su conciencia.