El secuestro del Parlamento

Es de tal magnitud el volumen del ruido que emite la vida política española, que se hace extremadamente complicado distinguir entre hechos probados, medias verdades e intoxicaciones y bulos interesados. Si la bronca ya resultaba insoportable hace un par de semanas, la terrible riada en Valencia les ha resultado lamentablemente muy útil a algunos para agravarla. La descarnada batalla entre el PP y el PSOE por repartir las culpas de las dramáticas consecuencias de un desastre natural inevitable promete opacar cualquier otra cuestión, sea poco o muy relevante, de la vida pública e institucional.

La derecha está obligada a poner todo de su parte para enmendar y hacer olvidar los errores o negligencias. La izquierda necesita descargarse de responsabilidad política o penal alguna, aunque por ley o por simple humanidad la tenga. Hasta la extenuación, se tirarán los trastos a la cabeza por lo que se decidió en el antes y el durante. No hay que ser muy espabilados para imaginar que, ahora, vendrá el después, la reconstrucción. En la Moncloa se malician por los contratos que ha firmado la Generalitat por procedimiento de urgencia. Será que Aldama, en prisión, no estaba disponible. A uno y a otro, en lo que toca a la gestión del dinero público en el pasado reciente les sobran vergüenzas que tapar. Pero, a estas alturas, salvo para la Corona, las víctimas se han quedado en un segundo plano. Se juegan muchos escaños en el envite, la plaza es tan relevante que puede inclinar la balanza partidista de un lado a otro. Tantos que incluso hemos escuchado la voz, inédita hasta ahora, de Diana Morant.

La mayoría de los ciudadanos, si no lo han hecho ya, habrán dejado pronto de escuchar. Después, nos echaremos las manos a la cabeza cuando aparezca el próximo salva patrias disfrazado de anti política. Entre tanto –todo sea por sobrevivir– los que están se dedican a socavar la institucionalidad.

Sin pretender restar ni un ápice de gravedad a la catástrofe que ha asolado Valencia, en las últimas dos semanas se han sucedido acontecimientos verdaderamente preocupantes para cualquiera que se preocupe por nuestra salud democrática, hechos que afectan de lleno a los tres poderes del Estado. Sin ir más lejos, el juez que investiga las gestiones y tejemanejes de Begoña Gómez se interesa documentalmente por su relación con el presidente del Gobierno. Él quita importancia al asunto, pero ya ha mostrado su preocupación tratando de apartarle del caso. La pregunta es pertinente y los papeles firmados que están por aparecer también. Al tiempo, desde otro juzgado se apunta a que los correos y comunicaciones del fiscal general del Estado pueden deparar desagradables sorpresas para el ministro de Justicia. Y a más de uno le deben estar temblando las piernas por lo que pueda querer contar en las próximas horas o días el amigo zamorano de José Luis Ábalos.

Con todo, lo que más bochorno y preocupación provoca es lo ocurrido en las últimas horas en el Congreso de los Diputados. Durante horas, sin respetar los tiempos ni el orden del día, se ha bloqueado una comisión parlamentaria, la de Hacienda. Secuestrada hasta que el Ejecutivo ha logrado, al menos parcialmente, el objetivo que se proponía. Sólo ese golpe de mano de su presidente revela hasta dónde están algunos dispuestos a llegar. La negociación, las ofertas de más o menos impuestos según el color de cada grupo político, más propias de trileros que de un gobernante serio, desnuda la extrema precariedad de la mayoría en la que descansa la gobernabilidad del país. Seguimos sin el proyecto de presupuestos que prometieron. Y lo necesitan con urgencia. El rey está desnudo y lo saben. Por esa razón, hay que disimular. Por eso les resulta imperiosamente necesario seguir haciendo ruido en Valencia.