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El puntalAntonio Jiménez

Todos p'alante

La utilización de organismos e instituciones públicas por parte de Sánchez para sus fines particulares es tan obscena y descarada como su osadía para reprochárselo al PP

Las cuitas internas de los partidos, por lo general cainitas y miserables, me producen la misma repugnancia que las mofetas. A la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE madrileño no le habría dedicado una línea si no fuera consecuencia del mayor escándalo del sanchismo de cuantos se investigan judicialmente.

Todos los casos de corrupción en los que la Justicia tiene puesta la lupa, afectan al Gobierno y al PSOE, pero sobre todo interpelan directamente a Pedro Sánchez por las imputaciones de su ex número dos en el Ejecutivo y en el partido, Ábalos, de su mujer, su hermano y su fiscal general del Estado.

Y sin duda, el caso más grave es el que tiene a don Alvarone con un pie en el banquillo del Tribunal Supremo y por el que ha declarado Juan Lobato ante el mismo tribunal. Este se fue a una notaría cuando entendió que en política sucede como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto y legal, está mal, y mejor blindarse, dado que lo que le pidieron desde Moncloa que hiciera no era correcto ni legal. Después dimitió al sentir en sus carnes, como sentenció Churchill, que «la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una vez». Lobato sucumbió al linchamiento al que le sometió el sanchismo por haber admitido y denunciado indirectamente el juego sucio contra Ayuso.

Por ello el caso de revelación de secretos sobre el novio de la presidenta madrileña es el más grave políticamente de cuantos se investigan en los tribunales contra el sanchismo. Hablamos de una confabulación urdida, según las investigaciones conocidas y datos publicados, por Moncloa y la Fiscalía en colaboración con la Agencia Tributaria de Chiqui Montero.

Desde Hacienda alguien alertó, en primer lugar , a la prensa amiga sobre la inspección a un anónimo contribuyente que resultó ser la pareja de Isabel Diaz Ayuso. Se trataba de contrarrestar las primeras informaciones sobre los negocios de Begoña Gómez.

Después entró en acción la Fiscalía General del Estado para, supuestamente, desmentir un bulo, sin reparar en que para desmentirlo y «ganar la batalla del relato», como sostuvieron Don Alvarone y su lugarteniente en Madrid, Pilar Rodríguez, alias 'Cianuro', incurrieron en un grave delito de revelación de secretos al filtrar a medios afectos, según la UCO, documentos confidenciales sobre la negociación con Hacienda y la propia Fiscalía del citado contribuyente. Y todo, se ha sabido ahora, en connivencia con La Moncloa desde donde se envió el mismo expediente fiscal y secreto de la pareja de la presidenta madrileña a Juan Lobato para que lo exhibiera contra Ayuso, cosa que hizo, en la Asamblea.

El sucio contubernio maquinado desde instituciones públicas sólo tenía por objeto atacar a una adversaria política y Lobato fue víctima de la obsesión de Sánchez con Ayuso, pero también cómplice de la confabulación al mostrar un documento que Moncloa le envió una hora antes de que se publicara en un medio, cuya directora, casualmente, ha sido premiada con un puesto, de más de cien mil euros de nómina, en el politizado y sectario consejo de RTVE.

No es descabellado imaginar que la fontanera de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que remitió el expediente fiscal del ciudadano González Amador e intercambió mensajes por wathsapps y estrategias con el dimisionario Lobato, acabe siendo llamada a declarar también por el Supremo. Se trata de conocer si actuó por cuenta propia, cosa improbable, o por mandato de su jefe, Óscar López, jefe de gabinete de Sánchez antes de ser nombrado ministro, cosa harto verosímil y lógica. 'Tos p´alante'.

El caso no sólo demuestra la afición de Sánchez por el barro y el juego sucio, gusto que ya le afeó Albert Rivera en un debate en 2015, sino la descarada instrumentalización y empleo que hace de instituciones como la presidencia del Gobierno y la Fiscalía General del Estado para acabar con una rival política que, por cierto, hace meses vaticinó a Lobato su defenestración cuando le dijo que fuera valiente y disintiera de las políticas de Sánchez: «Usted no es un criminal y por eso está sentenciado por el sanchismo». Una profecía cumplida.

La utilización de organismos e instituciones públicas por parte de Sánchez para sus fines particulares es tan obscena y descarada como su osadía para reprochárselo al PP.

Sánchez entiende y sabe, como decía Jacques Derrida, que el espacio político, sobre todo el suyo, es el de la mentira por excelencia. Y también el de la manipulación. Por eso no tiene remordimiento ni le genera mala conciencia culpar a los demás de sus propios defectos, tal y como hizo en el Congreso contra el PP.

La carcajada general que se escuchó en los escaños populares cuando acusó a Feijóo y los suyos de tener «un concepto patrimonialista del poder porque piensan que tienen derecho a usar las instituciones del Estado para beneficiar a sus familiares y amiguetes», fue tan estruendosa como asombrosa e inaudita por quien la formuló: el mismo tipo que tiene imputada a su mujer por utilizar La Moncloa para hacer negocios privados; a su hermano, a quien se le creó un puesto de trabajo ad hoc generosamente remunerado en una Diputación y a su fiscal general del Estado por haber puesto la institución al servicio de sus causas políticas. El mismo Pedro Sánchez que ha colonizado instituciones y organismos públicos colocando a amigos y conmilitones.

La humorada del autócrata propia de alguien con algún rasgo rayano en la psicopatía sólo se entiende desde la desvergüenza y jeta de hormigón armado de quien definitivamente vive al margen de la verdad y se ha instalado en una realidad impostada con el beneplácito y apoyo de los suyos, como puede constatarse en el cónclave de Sevilla, y de sus socios parlamentarios que son ya cómplices de sus desmanes políticos y corruptelas.