Las democracias también mueren

Últimamente en Europa nos hemos familiarizado, muy a nuestro pesar, con términos como los de «democracia iliberal», «dictadura electoral», «democracia restrictiva», «democracia de fachada», «tiranía de la mayoría» o «pseudodemocracia». Se diría que los líderes demagogos y populistas cotizan al alza. En los tiempos que corren, no está de más que repasemos cuáles son los elementos fundamentales del Estado de derecho en los que se asientan nuestras democracias. Porque hace ya un tiempo que caímos del guindo y nos dimos cuenta todos –por si quedaba algún despistado, como yo– de que el Estado de derecho y el resto de valores democráticos no eran algo que pudiéramos dar por sentado: las democracias también mueren.

Es oportuno recordarnos qué significa ser un Estado de derecho, para ver si nos convencemos de que nunca deberíamos ni darlo por sentado, ni alejarnos de esa senda. En mi universidad lidero un proyecto de investigación con expertos de seis países europeos dedicado a promover medidas para salir de la crisis de valores democráticos en la que muchos países del antaño mundo libre nos vemos envueltos. Acabamos de publicar las conclusiones a las que llegamos en Valencia, en nuestro congreso internacional Overcoming the crisis of democratic values in the European Union. Para nuestro trabajo, no hemos tenido que definir el Estado de derecho, porque esa definición ya existe: la hizo el Consejo de Europa. Ojo, que no es la Unión Europea, sino la organización internacional creada en 1949, sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y a la que hoy pertenecen 46 Estados, desde que en 2022 se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania.

El Rule of Law Checklist aprobado por el Consejo de Europa en 2016 dice que el Estado de Derecho en un valor fundamental según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, están sometidas a la ley. Esto incluye los principios de legalidad, es decir, que la ley debe ser clara, accesible y aplicada de manera coherente; el acceso a la justicia, o sea, que las personas deben poder acceder a los tribunales para defender sus derechos; la división de poderes, en concreto, que el poder judicial debe ser independiente del ejecutivo y legislativo; la protección de los derechos humanos y las libertades de todos, que el Estado debe garantizar; la integridad de las instituciones; y la ausencia de corrupción.

Me detendré solo a desarrollar esta última cuestión, porque la corrupción impide que las instituciones democráticas funcionen correctamente y que se respete la ley. Por eso el Checklist incluye la necesidad de un marco adecuado para la prevención de la corrupción, incluidas políticas y mecanismos de rendición de cuentas y legislación que prevenga y sancione la corrupción de modo efectivo y riguroso, de manera que las leyes no sean manipuladas para proteger a los infractores. Obviamente, la corrupción incluye el tráfico de influencias, el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, las puertas giratorias, la opacidad y la falta de transparencia. Y la lucha contra la corrupción es un pilar esencial para preservar el Estado de Derecho y para garantizar que la ciudadanía –o sea, tú, yo, nosotros– confíe en las instituciones.

Pero no nos quedemos solo con la definición del Consejo de Europa, no vaya a ser que esta organización se haya equivocado, aunque ya digo yo que no. Veamos qué dice la Fundación Hay Derecho, una organización de la sociedad civil española, neutral, apartidista y objetiva. En su último informe anual, de lectura muy recomendable, incluyen como puntos que supervisar en un Estado de Derecho el poder legislativo, el judicial, el ministerio fiscal, los medios de comunicación, los derechos humanos, los contrapesos institucionales, las autoridades independientes, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¡De nuevo estas tres últimas! No hay manera de que la clase política se pueda zafar de ellas. Alguien dijo que el dinero público, ese que en ocasiones malversan, no es de nadie. Falso. Es tuyo, es mío, es de todos. Pensemos en las generaciones futuras y en el agujero financiero que les dejaremos, por mala gestión e ineptitud en algunos casos, pero también por malicia y por ilícito ánimo de lucro.

En definitiva, Estado de derecho significa seguridad jurídica. La seguridad de que se cumple la ley, de que quien la hace la paga, de que los jueces no son meros funcionarios, sino poder del Estado, independiente y objetivo, que garantizan que quien delinque -también por corrupción pública o privada- tendrá un juicio justo, pero será condenado. Es también la seguridad jurídica de que los corruptos no se auto indultarán tras el proceso judicial. El Estado de derecho es, en definitiva, seguridad: la seguridad jurídica necesaria para que nuestras democracias nunca mueran. Cuando un nuevo aniversario de nuestra Constitución se acerca, es oportuno recordárnoslo.

• Susana Sanz Caballero es catedrática de Derecho Internacional Público y Cátedra Jean Monnet Universidad CEU Cardenal Herrera