El mayor error de la Transición

El Estado de las Autonomías ha fracasado. En realidad, lleva fracasando desde que nació. Era un error en sí mismo, y sus consecuencias lo han corroborado. Fue una grave equivocación intentar implantar con él la descentralización, si es que esta era imprescindible. Y mayor aún la utilización del término «nacionalidades». Se advirtió y no se hizo caso. Cabe hablar de provincias, regiones y naciones, pero «nacionalidad» no es algo que pueda distinguirse de nación. La consecuencia natural es que se hablara de «nación de naciones», lo que nunca ha sido ni es España. Y dudo que exista algo así como una nación de naciones.

Al despropósito teórico le siguió inmediatamente, como es natural, el práctico. Lo que no vale en la teoría no puede ser correcto en la práctica. Escuchando a sus promotores y defensores, al parecer se trataba de lograr el «anclaje» de Cataluña, el País Vasco y (quizá) Galicia en el conjunto del Estado. Pero España no es un Estado. Es una nación dotada de un Estado. Y lo cierto es que esas tres regiones han formado y forman parte de España, no solo del Estado español. Naturalmente que existe un «problema catalán» y otro vasco (incrementado la gravedad de este gracias a la actividad criminal de la ETA). Y es casi imposible solucionarlos de manera definitiva. Solo sobrellevarlos, paliarlos y no empeorarlos. Evidentemente, el Estado de las Autonomías forma parte del problema y no de la solución. Al error de principio, se añadió otro: pretender frenar al separatismo con autonomía y, además, una autonomía igual para todos. Con lo que la situación de Cataluña resultaba equiparable a la de, pongamos, Murcia. Ignorando que los nacionalismos pretenden basarse, ante todo, en dos cosas: en el «hecho diferencial» y en el agravio histórico permanente. Que sean falsos no significa que no muevan a los nacionalistas. Sabemos que la acción política depende muy poco de la verdad. Lo peor que se puede hacer con un nacionalista es negarle que se trate de un caso excepcional. Está claro que el «encaje» pretendido ha fracasado rotundamente.

Y no es necesario recurrir a las terribles inundaciones de Valencia. Aunque suene a provocación, Franco hizo algunas cosas bien. Y no la menor, insistir en la unidad de España. Nuestra nación solo ha hecho algo grande en la historia cuando ha permanecido unida. Y sabemos que una casa desunida no se puede gobernar ni es capaz de sobrevivir. Y menos si la gobierna un ambicioso traidor. Y mentiroso. Nietzsche dijo que los poderosos mienten siempre. Pero se ve que hay unos más poderosos que otros.

El Estado de las autonomías es, en la práctica, un Estado federal. Pero hay dos federalismos, uno que une y otro que disgrega lo que está unido. Parece que el nuestro es del segundo tipo. El proyecto europeo, con sus bienes y males, aciertos y errores, es opuesto a todo particularismo. Dante, Shakespeare o Cervantes pertenecen a Europa y aún a la humanidad. No solo a Italia, Inglaterra o España. Preferir a Prat de la Riba o a Sabino Arana antes que a D´Ors o Unamuno revela el padecimiento de algún profundo trastorno espiritual. Pero con paciencia y trabajo tiene curación.

Por concretar. Se enfrenta el Estado con las autonomías, las autonomías entre sí, las de un partido contra las de otro, el partido autonómico con el mismo partido nacional. Por todas partes, discordia. Uno se apropia de los éxitos y endosa los fracasos al otro. Nadie lleva el timón y el barco va a la deriva. El caso de Valencia es tan terrible como ejemplar. Cuanto más proclama el Gobierno la incompetencia del presidente de la Generalidad, y no sin motivos, más confiesa su propia culpa. ¿Por qué no intervino mientras Mazón se abrasaba y aparecían más y más cadáveres? La responsabilidad principal es de quien tiene más poder, competencias y recursos. Y el Ejército a su mando.

Y lo triste es que cuando se habla, desde la izquierda, de reforma de la Constitución no es para rectificar, sino para profundizar en el error. Quizá bordeando la paradoja jurídica sería posible afirmar que el Título VIII de la Constitución es inconstitucional, al menos en lo que se refiere a la igualdad de los españoles ante la ley.