Sánchez debe ser imputado ya

Pedro Sánchez debe ser formalmente investigado ya, sin dilación ni excusas. Lo extraño es que no le imputaran hace años, incluso desde el principio de su llegada y nuestro calvario como país, cuando trascendió el plagio de su tesis y el uso de recursos públicos de La Moncloa para fabricar uno de sus primeros bulos: un supuesto desmentido, elaborado con un programa cuya licencia de uso él no poseía, difundido desde la sede de la Presidencia y además manipulado, pues está más que demostrado que él copió el trabajo que le hizo doctor.

Desde entonces, todo lo que ha hecho ha sido ilegal, irregular, ilegítimo, inmoral o una combinación de todo, hasta llegar al clímax chavista en el que viven él y los suyos, transformados en una suerte de feligreses de una secta, unas veces por devoción analfabeta, otras por interés económico, y las más por una mezcla de ambas inspiraciones.

Ese delirio colectivo se resume en la insólita desvergüenza de redoblar los ataques a la Justicia cuando más explicaciones piden los jueces, más pruebas obtiene la UCO y mejores informaciones publican los pocos medios que no se han rendido a un cacique inhumano, retratado por anteponer la aprobación de un decreto para asaltar RTVE a otro para atender la catástrofe de la dana en Valencia, mientras estaba de cena con su esposa en La India.

Transformar las sólidas sospechas de corrupción y las evidencias ya incuestionables de un trato preferente al empresario Víctor de Aldama en una conspiración judeomasónica de togas y plumas es de primero de golpista, y revela la estrategia del autócrata asustado para encerrarse en La Moncloa y, desde allí, disparar a todo atisbo de representante del Estado de derecho.

Que no es otra que allanar el camino y prefabricar el relato para, cuando la instrucción avance e indefectiblemente sea citado a declarar como presunto «Señor X» de una trama que toca a su partido, a su mano derecha, a sus ministros de cabecera y a su propia familia; coloque al Congreso en una situación de insurgencia y se niegue a tramitar el suplicatorio.

Si la anulación de la sentencia de los ERE, la aprobación de los indultos y de la amnistía y la colonización del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado son el burdo intento de recrear una «justicia sanchista», sustentada en el único artículo de que todo será legal o ilegal en función de su decisión personalísima; el ataque frontal al Poder Judicial en plena instrucción de los casos que le afectan es la prueba de que está dispuesto, por lo civil o lo militar, a boicotear la posibilidad de que le lleguen sentencias adversas de las pocas instancias que aún no ha invadido, como el bravo Tribunal Supremo.

Nunca un presidente ha hecho tanto por ser imputado por delitos políticos sin precedentes, todos en la órbita de la traición a la nación, y además por los clásicos de la corrupción con la familia, los subordinados, la obra pública, las adjudicaciones y el traspaso de dinero del Estado a manos privadas a cambio de mordidas onerosas.

Pero menos aún, ante un panorama tan siniestro y sistémico, que en el mejor de los casos debería costarle el puesto por haberlo consentido sin ser partícipe y en el peor por impulsarlo o participar en el negocio; un presidente había replicado poniendo en la diana hasta a la propia democracia.

Si algo señala a Sánchez es su rabiosa, violenta, insólita y coactiva reacción liberticida y totalitaria a una cadena de escándalos con los que asegura no tener nada que ver: si no le temiera a la verdad, dejaría que la democracia resolviera las dudas sirviéndose de los exquisitos procedimientos garantistas que tiene a su alcance, suficientes para que ningún inocente sea condenado pero, también, para que ningún culpable quede impune.

Y es eso, la impunidad, lo que busca desesperadamente Sánchez, como un vulgar gánster que creyera estar a punto de ser detenido. Por algo será.