10 de enero de 2025, un día para la Historia

Como asegura el dicho popular, «Dios los cría y ellos se juntan». No tiene más días el calendario para que al sanchismo se le ocurra anunciar la que ya ha sido bautizada como «Ley Begoña» que la misma jornada en que en Venezuela Nicolás Maduro daba un autogolpe. Y la coincidencia de fechas es muy relevante porque lo que el gran Patxi López anunció en las Cortes es un autogolpe también. Es pretender cercenar el Poder Judicial porque lo que busca hacer ahora el sanchismo es una degradación de nuestra democracia sin precedentes.

Esa proposición de ley que anunció el 10 de enero el sanchismo en las Cortes cercena la acusación popular, prohíbe a los jueces admitir querellas que estén basadas en la información que se publica en la prensa, elimina el delito de ofensas religiosas y añade causas para recusar a un juez. ¿Por qué será que las cuatro asociaciones profesionales de jueces, que abarcan todo el espectro político, han coincidido en rechazar esta iniciativa?

Igual que lo que sucedió el 10 de enero en Venezuela es considerado casi universalmente un golpe de Estado —y los que no lo llaman así avalan con sus palabras que efectivamente sea un putsch— lo que ha sucedido en España no tiene pase en ninguna democracia del mundo. Por algo aquello lo avalan dictaduras como Cuba y Nicaragua que ni Sánchez quiere reconocer como democracias. Por eso el 10 de enero de 2025 pasará a la Historia como la jornada en que los gobiernos de Venezuela y España dieron sendos autogolpes para cercenar lo que queda de sus democracias.

Descalificar la información publicada como base de una actuación legal equivale a negar la validez de múltiples casos a lo largo de la historia. Sin ir más lejos la propia iniciativa popular del PSOE en el caso Gürtel. Pero llegando hasta el Watergate que acabó con Nixon y donde parece ser que los recortes del Washington Post jugaron un papel, cuando menos, relevante.

La supuesta «organización extremista» que ahora «persigue» al entorno sanchista es exactamente la misma que llevó a los tribunales a la Infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin basándose en buena medida en recortes de periódicos. Entonces no escuché decir a ninguno de los que ahora les descalifican que eran de extrema derecha. No debían de serlo tanto en aquellos días. Y ¿se imaginan ustedes el grado de escándalo que se hubiera organizado en España si el Gobierno Rajoy hubiera hecho el más mínimo intento de neutralizar la investigación del sectario juez José Castro basada en la acusación popular de Manos Limpias? Todos los que ahora intentan descalificar esa acusación son exactamente los mismos que la ensalzaron contra el matrimonio Urdangarin. En España está claro que no somos todos iguales ante la ley.

Y prueba de ello es que ahora sea imputado el fiscal general del Estado por filtrar datos de un ciudadano privado y sus negociaciones con Hacienda y en contra de lo que ocurriría en cualquier democracia digna de ese nombre el fiscal general no va a dimitir. ¿Y saben por qué no lo va a hacer? Porque Sánchez ha garantizado a «su» fiscal que se va a cambiar la Ley para librarle de cualquier problema legal.

Lo que yo me pregunto a estas alturas es si las mismas instituciones europeas que cuestionaron las reformas legales en Polonia o en Hungría harán la vista gorda ante lo que ocurre hoy en España. Y no olvidemos que las actuaciones de Orbán han contado con un respaldo creciente de los húngaros que ya le han dado cinco mandatos con mayoría absoluta, cuatro de ellos consecutivos desde 2010 hasta la actualidad. Nada que ver con Sánchez y su apoyo electoral menguante y siempre lejísimos de la mayoría absoluta.