Aireando las vergüenzas del Tribunal Constitucional

Gracias a El Debate, hemos podido saber que el TC retrasa, otra vez, la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad de la ley Aído: «Como mínimo, hasta después de las elecciones andaluzas».

¿Cómo se puede calificar que dicho recurso lleve 12 años sin resolverse? ¿Cómo podemos calificarlo cuando el propio TC se comprometió a resolverlo de forma prioritaria? Peor todavía, ¿cómo hemos de calificarlo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió en enero una demanda contra el TC español por retrasar injustificadamente dicha sentencia?

¿Somos conscientes del daño que el TC está haciendo a nuestra democracia?

Afirma la noticia de El Debate que el anteproyecto de la nueva ley del aborto, «ha condicionado al Tribunal en su determinación inicial de resolver la inconstitucionalidad de la ley Aído [...] como 'deferencia al titular de la potestad legislativa'; que 'en el órgano constitucional cobran fuerza las voces que consideran que, con 'un nuevo proceso legislativo en marcha', cualquier pronunciamiento [...] podría interpretarse como una 'interferencia' en la labor propia del Ejecutivo»; que «el Constitucional respetará la norma no escrita de no interferir en campañas electorales con la publicación de fallos de contenido político o ideológico».

¡Excusas! Esto es dejación de funciones. Recordemos que, según la doctrina fijada por el propio TC (STC 53/1985) «el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución), mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma». La ley Aído, precisamente, borra cualquier protección del nasciturus por debajo de las 14 semanas.

Tras 12 años de silencio, y más de un millón de seres humanos eliminados, ¿podemos decir que el TC está cumpliendo con su obligación constitucional?