Cortes Generales ilegítimas

Tras haber incumplido la Constitución durante el estado de alarma del año 2020, hoy, en octubre de 2022, el Parlamento reincide con otro incumplimiento: se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así las cosas, procede la inmediata disolución de las Cortes Generales, por flagrante incumplimiento de sus funciones constitucionales. Han perdido, en mi opinión, su legitimidad «de ejercicio». Tal circunstancia obliga a su disolución anticipada, que sólo compete a Sánchez (artículo 115 de la Constitución). En cuanto al Tribunal Constitucional, es también evidente que las Cortes se niegan a renovarlo, lo que hace más urgente, si cabe, la disolución. En definitiva, antes de que España presida en 2023 la Unión Europea, creo que los pasos a dar serían los tres siguientes: 1. Disolución anticipada de las Cortes; 2. El nuevo Gobierno reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos por los jueces; 3. El renovado Parlamento, el renovado Gobierno y el renovado CGPJ, ejercen sin dilación las funciones que la Constitución les impone en materia de nombramientos. Así, los tres poderes constitucionales –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– recuperarían su legitimidad «de ejercicio», que ya no tienen. Y resolveríamos la actual crisis institucional de la única forma posible en democracia, «de la Constitución a la Constitución», de la ley y a la ley. Porque, como sucedió con las Cortes franquistas, es necesario que las actuales también se disuelvan dócilmente, por decaimiento de funciones.