Comprar al árbitro

Esa frase era repetida cuando en un partido, si en el transcurso del juego se observaba que de forma alevosa se perjudicaba a uno de los equipos contendientes; los jugadores se indignaban y sus protestas lo único que generaban era que el que teóricamente tenía que impartir justicia agravaba su actuación expulsando a quien denunciaba la decisión. A su vez, los espectadores desde la grada mostraban su desagrado, incluso arrojando monedas o mostrando billeteras para señalar su parecer ante las decisiones que alteraban el normal desarrollo de la contienda.

Todo esto sucedía, aunque muy pocas veces tenía consecuencias más allá de que el comité de competición sancionase al responsable de los errores, con la decisión de que no arbitrase algunos partidos descendiéndole de categoría. Igualmente, la justicia a través de la Fiscalía (¿de quién es la Fiscalía?), actuaba de oficio y algunas veces descubría los amaños que se hubiesen podido acordar.

Juan Carlos Campo salió del Ejecutivo el verano de 2021 tras la remodelación por la que Pedro Sánchez le sustituyó por Pilar Llop. Campo había estado en el foco a raíz de los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del ‘procés' y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial asunto aún pendiente.

Laura Díez ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, tras haber pasado por el puesto de directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En función de dichos nombramientos, todo ello puede estar sucediendo ahora pero no en el deporte, sino en aspectos fundamentales de la vida y futuro de los ciudadanos que ven alteradas las reglas que nos habíamos dado a través de una transición democrática y la Constitución del 78. Tenía razón Alfonso Guerra cuando decía aquello de que, en el futuro «a España no la reconocería ni la madre que la parió».

Ahora no se compra al árbitro, simplemente lo eligen para defender intereses propios o impuestos por la importancia de los votos independentistas.